05.06.2013
Oviedo, M. P. Los cinco grupos parlamentarios con representación en la Junta General del Principado se reparten todos los meses, sueldos de diputados y asesores aparte, 232.724 euros en asignaciones de dinero público, subvenciones en concepto de «gastos de funcionamiento». Este dinero de la Junta es independiente de las subvenciones que los partidos con representación en el Congreso de los Diputados reciben del Ministerio del Interior, que en el primer trimestre ascendieron a más de 13 millones de euros.
La partida de la Junta, de uso discrecional pero de obligada justificación al final de cada ejercicio ante el interventor del Parlamento, compromete en total 2,79 millones de euros al año y debe destinarse a tres encomiendas básicas: la financiación de la organización del grupo y de la actividad parlamentaria, así como gastos de comunicación.
Bajo la ambigüedad de esta triple recomendación se abre una extensa casuística de opciones de gasto, pero de las afirmaciones de los grupos, unas más precisas que otras, se sigue que en la práctica una porción significativa de las asignaciones acaba en manos de los partidos, una posibilidad ésta perfectamente legal y expresamente prevista en el artículo 2 de la ley de financiación de las formaciones políticas. La legitimidad del procedimiento no ha impedido que en su día destacados juristas y politólogos consultados por LA NUEVA ESPAÑA identificasen en este trasvase de fondos una prueba de la existencia de «una perversión de la ley», en la terminología del catedrático de Derecho Constitucional Francisco Bastida, o «una distorsión del dinero institucional» al decir de Miguel Ángel Presno, profesor titular de la misma materia.
Esta discusión acerca de la conveniencia de sostener a los partidos con dinero público ha rebrotado desde que el primer ministro italiano, Enrico Letta, anunció la semana pasada su intención de suprimir progresivamente la financiación pública de las formaciones políticas. En España, los grupos con representación en el Congreso se repartirán 66,2 millones de euros este año, una partida rebajada a la mitad desde los 113,7 que se le destinaron en 2012. En Asturias, los 2,79 millones de euros anuales de relativa libre disposición llegarán a las arcas de los grupos una vez al margen de los salarios de su personal y de la práctica totalidad de los gastos comunes, como los suministros y el mantenimiento de sus locales en la Junta, que ya están cubiertos por otras partidas.
A la cuestión que se suscita de inmediato sobre el destino de esos fondos no responden categóricamente todas las formaciones del Parlamento autonómico, pero de las justificaciones que sí se dan se infiere un traslado más o menos masivo a la financiación de los partidos. El reparto se organiza en función de la representación en la Cámara y el procedimiento elegido por el Grupo Socialista, el que más recibe por este concepto -70.245 euros al mes-, es el envío del dinero a una «caja única» de la que se nutren tanto la formación parlamentaria como la Federación Socialista Asturiana. Ambos utilizan esa cuenta común para sufragar su actividad política, aclaran.
El Grupo Popular ha reconocido que algo menos de la mitad de su asignación mensual se va directamente al partido. Son, en concreto, 24.000 de los 52.745 euros que le corresponden como tercera fuerza más votada tras los socialistas y Foro Asturias -que percibe 57.745 euros en asignaciones-. Con lo que le queda, el PP dice pagar dictámenes de expertos, suscripciones a diarios y revistas, visitas a concejos vinculadas con la actividad parlamentaria, el contrato de una trabajadora y cursos de formación para diputados.
De los demás grupos, los que facilitan algún detalle sobre el destino que dan a sus asignaciones aseguran que el procedimiento «se fundamenta» en la ley de financiación de partidos (IU) o que se dedica a correr con los gastos «de la actividad política del grupo parlamentario y del partido en Asturias» (UPyD).
El modo de empleo del dinero debe contar, eso sí, con el visto bueno del interventor de la Junta, ante el que los grupos están obligados a acreditar que el destino de los recursos obtenidos encaja en alguno de los supuestos previstos.
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