El verdugo de Julio Bobes, no habla de las torturas que realiza
El suicidio y las conductas parasuicidas han aumentado levemente en España”
JULIO BOBES Presidente de la Comisión Nacional de Psiquiatría
El presidente de la Comisión Nacional de Psiquiatría opina que para afrontar adecuadamente los comportamientos autolíticos se debería disponer de una planificación nacional que conformase una estrategia.
El presidente de la Comisión Nacional de Psiquiatría explica a GACETA MÉDICA las claves de su programa formativo , que ya ha sido concluido, así como la situación general de la especialidad en España y el incremento de los problemas mentales en la población asociados, entre otras cosas, a la crisis económica. Julio Bobes reconoce que en algunas regiones del país se están realizando esfuerzos significativos en campos como el del suicidio para desarrollar programas preventivos en este sentido.
Pregunta. Las especialidades del tronco de psiquiatría han sido de las primeras en tener disponible su programa formativo, ¿cómo es?
Respuesta. En primer lugar, es necesario reconocer que el tronco de la psiquiatría comprende dos especialidades: Psiquiatría y Psiquiatría del Niño y del Adolescente. En segundo lugar, creo que nuestra rapidez puede ser atribuida a la buena sinergia con la que han trabajado las dos comisiones nacionales y la Comisión Delegada de Tronco.
P. ¿Cuáles son las diferencias fundamentales con la formación que se venía impartiendo? ¿Qué aspectos señalaría como sus principales ventajas?
R. La nueva filosofía de la troncalidad hace especial hincapié en la incorporación de la formación a través del desarrollo de competencias genéricas y de específicas, es decir, es un sistema de formación basado en la adquisición de estas capacidades. En cuanto a las ventajas de este sistema, se ha de señalar que esta filosofía permite una formación global más amplia y, por lo tanto, dota a los clínicos de multifuncionalidad para afrontar las distintas patologías, tanto psíquicas como somáticas, incluso en los servicios de urgencias de los diferentes centros sanitarios.
P. Psiquiatría es uno de los cinco troncos de los que dependerán las distintas especialidades, ¿se reconoce así la importancia de este campo de conocimiento?
R. La psiquiatría como especialidad médica rápidamente fue reconocida como troncal y que comprendería al menos dos especialidades: la Psiquiatría y la Psiquiatría del Niño y del Adolescente. Otros troncos diferentes agrupan otras muchas especialidades médicas.
P. ¿Cree que hay suficientes psiquiatras en España o que sería necesario formar a más?
R. Hay que reconocer que aún no tenemos buenos registros de especialistas que permitan informar con precisión de cuántos psiquiatras hay en España, cuántos trabajan o cuántos llevan a cabo su labor en el sector público y/o en el privado, por lo que es difícil calcular si es necesario formar a más especialistas. Otra cuestión no menos relevante es cuántos psiquiatras hemos formado en los últimos años que han obtenido su puesto de trabajo en otros países, fundamentalmente europeos.
La propuesta que la Comisión Nacional de Psiquiatría ha elevado para la próxima convocatoria 2017 es la misma que la del año anterior, es decir en torno a 250 plazas para todo el país.
P. La situación que atraviesa el país durante los últimos años, ¿ha incrementado los problemas psiquiátricos de la población?
R. Las enfermedades y/o trastornos mentales graves continúan manteniéndose estables en cuanto a incidencia y prevalencia, pero los trastornos mentales comunes, particularmente las reacciones de adaptación y otros trastornos adaptativos, sí han incrementado la demanda, en especial en el área de la atención primaria.
P. ¿Se ha aumentado, en consecuencia, la demanda asistencial?
R. Efectivamente, debido a los trastornos mentales comunes y, sobre todo, a aquellos problemas secundarios asociados a la crisis socioeconómica que aún está presente.
P. El suicidio es todavía un tema tabú en la sociedad, a pesar de que ha aumentado su incidencia, ¿cómo se le puede hacer frente? ¿Qué papel juega la detección precoz?
R. El suicidio y las conductas parasuicidas han aumentado levemente, tanto en incidencia como en prevalencia, por lo cual España ha pasado de ser un país considerado de bajo riesgo en cuanto al suicidio a ser un país con riesgo moderado, dado que las tasas se han hecho superiores al seis por cien mil habitantes, según los criterios de la Organización Mundial de la Salud. Para afrontar adecuadamente los comportamientos autolíticos deberíamos disponer de una planificación para todo el país que conformase la Estrategia Nacional de Salud Mental. En algunas regiones se están desarrollando esfuerzos muy interesantes en este campo y, por tanto, están tratando de desarrollarse y evaluarse programas de prevención del comportamiento suicida.
Este mes de septiembre se celebrará en Oviedo, desde el día 8 hasta el 10, el 16º Simposio Europeo sobre Suicidio y Comportamiento Suicidas (http://www.esssb16.org ). Esta reunión internacional va dirigida a desvelar la importancia de la detección precoz de las personas con riesgo de comportamiento autolítico.
P. ¿A qué cree que se debe el aumento de enfermedades mentales durante la infancia? ¿Cómo debe ser el abordaje en esta etapa de la vida?
R. Respecto a las enfermedades mentales graves de la infancia, el aumento de diagnóstico se debe fundamentalmente a la mejor formación de los clínicos, en particular de los especialistas en psiquiatría, al mayor desarrollo e implantación de los dispositivos de salud mental del niño y del adolescente y a la mejor organización de las asociaciones de familiares que solicitan la creación de recursos adaptados a la altura de los tiempos en que vivimos.
Estoy seguro de que la creación, aprobación oficial y desarrollo de la nueva especialidad de Psiquiatría del Niño y del Adolescente contribuirá a la atención precoz de los problemas de salud mental de este grupo de población.
Fuente:GacetaMedicaCom
El suicidio y las conductas parasuicidas han aumentado levemente en España”
JULIO BOBES Presidente de la Comisión Nacional de Psiquiatría
El presidente de la Comisión Nacional de Psiquiatría opina que para afrontar adecuadamente los comportamientos autolíticos se debería disponer de una planificación nacional que conformase una estrategia.
El presidente de la Comisión Nacional de Psiquiatría explica a GACETA MÉDICA las claves de su programa formativo , que ya ha sido concluido, así como la situación general de la especialidad en España y el incremento de los problemas mentales en la población asociados, entre otras cosas, a la crisis económica. Julio Bobes reconoce que en algunas regiones del país se están realizando esfuerzos significativos en campos como el del suicidio para desarrollar programas preventivos en este sentido.
Pregunta. Las especialidades del tronco de psiquiatría han sido de las primeras en tener disponible su programa formativo, ¿cómo es?
Respuesta. En primer lugar, es necesario reconocer que el tronco de la psiquiatría comprende dos especialidades: Psiquiatría y Psiquiatría del Niño y del Adolescente. En segundo lugar, creo que nuestra rapidez puede ser atribuida a la buena sinergia con la que han trabajado las dos comisiones nacionales y la Comisión Delegada de Tronco.
P. ¿Cuáles son las diferencias fundamentales con la formación que se venía impartiendo? ¿Qué aspectos señalaría como sus principales ventajas?
R. La nueva filosofía de la troncalidad hace especial hincapié en la incorporación de la formación a través del desarrollo de competencias genéricas y de específicas, es decir, es un sistema de formación basado en la adquisición de estas capacidades. En cuanto a las ventajas de este sistema, se ha de señalar que esta filosofía permite una formación global más amplia y, por lo tanto, dota a los clínicos de multifuncionalidad para afrontar las distintas patologías, tanto psíquicas como somáticas, incluso en los servicios de urgencias de los diferentes centros sanitarios.
P. Psiquiatría es uno de los cinco troncos de los que dependerán las distintas especialidades, ¿se reconoce así la importancia de este campo de conocimiento?
R. La psiquiatría como especialidad médica rápidamente fue reconocida como troncal y que comprendería al menos dos especialidades: la Psiquiatría y la Psiquiatría del Niño y del Adolescente. Otros troncos diferentes agrupan otras muchas especialidades médicas.
P. ¿Cree que hay suficientes psiquiatras en España o que sería necesario formar a más?
R. Hay que reconocer que aún no tenemos buenos registros de especialistas que permitan informar con precisión de cuántos psiquiatras hay en España, cuántos trabajan o cuántos llevan a cabo su labor en el sector público y/o en el privado, por lo que es difícil calcular si es necesario formar a más especialistas. Otra cuestión no menos relevante es cuántos psiquiatras hemos formado en los últimos años que han obtenido su puesto de trabajo en otros países, fundamentalmente europeos.
La propuesta que la Comisión Nacional de Psiquiatría ha elevado para la próxima convocatoria 2017 es la misma que la del año anterior, es decir en torno a 250 plazas para todo el país.
P. La situación que atraviesa el país durante los últimos años, ¿ha incrementado los problemas psiquiátricos de la población?
R. Las enfermedades y/o trastornos mentales graves continúan manteniéndose estables en cuanto a incidencia y prevalencia, pero los trastornos mentales comunes, particularmente las reacciones de adaptación y otros trastornos adaptativos, sí han incrementado la demanda, en especial en el área de la atención primaria.
P. ¿Se ha aumentado, en consecuencia, la demanda asistencial?
R. Efectivamente, debido a los trastornos mentales comunes y, sobre todo, a aquellos problemas secundarios asociados a la crisis socioeconómica que aún está presente.
P. El suicidio es todavía un tema tabú en la sociedad, a pesar de que ha aumentado su incidencia, ¿cómo se le puede hacer frente? ¿Qué papel juega la detección precoz?
R. El suicidio y las conductas parasuicidas han aumentado levemente, tanto en incidencia como en prevalencia, por lo cual España ha pasado de ser un país considerado de bajo riesgo en cuanto al suicidio a ser un país con riesgo moderado, dado que las tasas se han hecho superiores al seis por cien mil habitantes, según los criterios de la Organización Mundial de la Salud. Para afrontar adecuadamente los comportamientos autolíticos deberíamos disponer de una planificación para todo el país que conformase la Estrategia Nacional de Salud Mental. En algunas regiones se están desarrollando esfuerzos muy interesantes en este campo y, por tanto, están tratando de desarrollarse y evaluarse programas de prevención del comportamiento suicida.
Este mes de septiembre se celebrará en Oviedo, desde el día 8 hasta el 10, el 16º Simposio Europeo sobre Suicidio y Comportamiento Suicidas (
P. ¿A qué cree que se debe el aumento de enfermedades mentales durante la infancia? ¿Cómo debe ser el abordaje en esta etapa de la vida?
R. Respecto a las enfermedades mentales graves de la infancia, el aumento de diagnóstico se debe fundamentalmente a la mejor formación de los clínicos, en particular de los especialistas en psiquiatría, al mayor desarrollo e implantación de los dispositivos de salud mental del niño y del adolescente y a la mejor organización de las asociaciones de familiares que solicitan la creación de recursos adaptados a la altura de los tiempos en que vivimos.
Estoy seguro de que la creación, aprobación oficial y desarrollo de la nueva especialidad de Psiquiatría del Niño y del Adolescente contribuirá a la atención precoz de los problemas de salud mental de este grupo de población.
Fuente:
DESTITUYEN A RAFAEL ABRIL MANSO, EL ENCHUFADO POLITICO
BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
NÚM.151 DE 30-VI-2016
I. Principado de Asturias
• Autoridades y Personal Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana
Decreto 37/2016, de 29 de junio, por el que se dispone el cese de don Rafael Abril Manso como Director General de Justicia e Interior.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.6 de la Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio, de Organización de la Administración, en relación con los artículos 25 l) y 38 e) de la Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero de Presidencia y Participación Ciudadana y previo acuerdo del Consejo de Gobierno, en su reunión de 29 de junio de 2016, vengo a disponer el cese de don Rafael Abril Manso como Director General de Justicia e Interior, agradeciéndole los servicios prestados. Dado en Oviedo, a veintinueve de junio de dos mil dieciséis.—El Presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández Fernández.—El Consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, Guillermo Martínez Suárez.—Cód. 2016- 07298.
I. Principado de Asturias
• Autoridades y Personal Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana
Decreto 37/2016, de 29 de junio, por el que se dispone el cese de don Rafael Abril Manso como Director General de Justicia e Interior.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.6 de la Ley del Principado de Asturias 8/1991, de 30 de julio, de Organización de la Administración, en relación con los artículos 25 l) y 38 e) de la Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero de Presidencia y Participación Ciudadana y previo acuerdo del Consejo de Gobierno, en su reunión de 29 de junio de 2016, vengo a disponer el cese de don Rafael Abril Manso como Director General de Justicia e Interior, agradeciéndole los servicios prestados. Dado en Oviedo, a veintinueve de junio de dos mil dieciséis.—El Presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández Fernández.—El Consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, Guillermo Martínez Suárez.—Cód. 2016- 07298.
Rafael Abril Manso director general de Justicia e Interior, falla al PSOE.
• El comité de empresa del SEPA reprocha al Principado su «silencio, inoperatividad y desprecio»
• EFE
9 mayo 201616:41
El comité de empresa del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) anuncia para el próximo jueves la vuelta a las movilizaciones al entender que se ha cumplido "de sobra" el plazo otorgado a la Administración regional, a la que reprocha "silencio, inoperatividad y desprecio". La representación sindical de los trabajadores así lo apunta en una nota en la que se refiere al periodo de cinco semanas transcurrido desde la reunión mantenida con el director general de Justicia e Interior, Rafael Abril.
El comité de empresa del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias recuerda que trasladó a Abril la necesidad urgente de establecer un diálogo con objeto de intentar subsanar las "graves deficiencias" organizativas y de recursos que tiene el organismo. Añade que accedió "de buena fe" a parar todo tipo de movilizaciones en esas cinco semanas, que el director general "pidió para estudiar y responder" a las propuestas de mejora propuestas.
El comité de empresa reseña que en la situación actual no está "garantizada" la seguridad por la "grave merma de plantilla" y la "caótica organización" de los turnos y del personal.
Igualmente, menciona que existen parques de bomberos con sólo 2 o 3 efectivos para prestar servicio a 70.000 habitantes; emergencias a las que se manda un solo trabajador hasta que llegan refuerzos, y la existencia de otros parques con personal que no puede intervenir de manera autónoma en incendios de casas o accidentes de tráfico.
El comité considera responsables del "desprecio por la seguridad de ciudadanos y trabajadores" a Abril Manso y al consejero de Presidencia, Guillermo Martínez.
En su denuncia de las "graves carencias" del servicio, los trabajadores anuncian que retomarán las movilizaciones el próximo jueves ante la Junta General, así como ante la justicia o de cualquier forma posible que "sirva para prevenir antes que lamentar un accidente".
Fuente el comercio.
• EFE
9 mayo 201616:41
El comité de empresa del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) anuncia para el próximo jueves la vuelta a las movilizaciones al entender que se ha cumplido "de sobra" el plazo otorgado a la Administración regional, a la que reprocha "silencio, inoperatividad y desprecio". La representación sindical de los trabajadores así lo apunta en una nota en la que se refiere al periodo de cinco semanas transcurrido desde la reunión mantenida con el director general de Justicia e Interior, Rafael Abril.
El comité de empresa del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias recuerda que trasladó a Abril la necesidad urgente de establecer un diálogo con objeto de intentar subsanar las "graves deficiencias" organizativas y de recursos que tiene el organismo. Añade que accedió "de buena fe" a parar todo tipo de movilizaciones en esas cinco semanas, que el director general "pidió para estudiar y responder" a las propuestas de mejora propuestas.
El comité de empresa reseña que en la situación actual no está "garantizada" la seguridad por la "grave merma de plantilla" y la "caótica organización" de los turnos y del personal.
Igualmente, menciona que existen parques de bomberos con sólo 2 o 3 efectivos para prestar servicio a 70.000 habitantes; emergencias a las que se manda un solo trabajador hasta que llegan refuerzos, y la existencia de otros parques con personal que no puede intervenir de manera autónoma en incendios de casas o accidentes de tráfico.
El comité considera responsables del "desprecio por la seguridad de ciudadanos y trabajadores" a Abril Manso y al consejero de Presidencia, Guillermo Martínez.
En su denuncia de las "graves carencias" del servicio, los trabajadores anuncian que retomarán las movilizaciones el próximo jueves ante la Junta General, así como ante la justicia o de cualquier forma posible que "sirva para prevenir antes que lamentar un accidente".
Fuente el comercio.
GONZALO PANIAGUA CALZON MEDICO, LA FISCALIA LE ABRIO DILIGENCIAS POR LA DETENCION ILEGAL
Comisión Ciudadana de Derechos Humanos de Asturias
Asociación de Pacientes del Servicio Sanitario Asturiano
Tomás Pérez Vior a 10 de abril de 2016
La FISCALIA SUPERIOR DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, ABRIO DILIGENCIAS, con la denuncia y pruebas registradas el 21 de marzo de 2016 ante dicho organismo, por la DETENCION ILEGAL en el HUCA POR EL MEDICO GONZALO PANIAGUA CALZON.
Asociación de Pacientes del Servicio Sanitario Asturiano
Tomás Pérez Vior a 10 de abril de 2016
La FISCALIA SUPERIOR DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, ABRIO DILIGENCIAS, con la denuncia y pruebas registradas el 21 de marzo de 2016 ante dicho organismo, por la DETENCION ILEGAL en el HUCA POR EL MEDICO GONZALO PANIAGUA CALZON.
Comunicado a los socios.
Oviedo a 04 de febrero 2016, Tomás Pérez Vior
Se comunica a todos los socios/as con derecho a voto en La Asociación de Pacientes del Servicio Sanitario Asturiano y la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos de Asturias, por el presente se les convoca a la Junta General Ordinaria, que estas Asociaciones celebrarán el próximo día 19 de febrero de 2016 a las 19 horas en el lugar habitual de las reuniones, con los siguientes puntos:
1. Informar de las actuaciones realizadas.
2. Explicación y aprobación, de los gastos en general desde la última convocatoria.
3. Aprobación de gastos 2016.
4. La aprobación de nuevos socios y colaboradores.
5. Ruegos y preguntas.
Todos los socios que deseen ser representados por terceras personas, deberán presentar un apoderado mediante poder notarial, solo podrán representar a un socio con el previo comunicado del mismo cinco días antes de la fecha de la reunión.
Se comunica a todos los socios/as con derecho a voto en La Asociación de Pacientes del Servicio Sanitario Asturiano y la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos de Asturias, por el presente se les convoca a la Junta General Ordinaria, que estas Asociaciones celebrarán el próximo día 19 de febrero de 2016 a las 19 horas en el lugar habitual de las reuniones, con los siguientes puntos:
1. Informar de las actuaciones realizadas.
2. Explicación y aprobación, de los gastos en general desde la última convocatoria.
3. Aprobación de gastos 2016.
4. La aprobación de nuevos socios y colaboradores.
5. Ruegos y preguntas.
Todos los socios que deseen ser representados por terceras personas, deberán presentar un apoderado mediante poder notarial, solo podrán representar a un socio con el previo comunicado del mismo cinco días antes de la fecha de la reunión.
Julio Bobes psiquiatra, sucede a Manuel Álvarez
Un cargo en el que sucede a Manuel Álvarez-Uría. La suya fue la única candidatura presentada a las elecciones.
11 diciembre 20150
El catedrático de Psiquiatría de la Universidad de Oviedo, Julio Bobes, es el nuevo presidente de la Real Academia de Medicina de Asturias, cargo en el que sucede a Manuel Álvarez-Uría. La suya fue la única candidatura presentada a las elecciones. Le acompañan en la lista Juan López Arranz, exrector de la Universidad de Oviedo y catedrático jubilado de cirugía maxilofacial; José Paz Jiménez, catedrático jubilado de traumatología, y Carlos Hernández Lahoz, exjefe de neurología del HUCA.
Fuente El Comercio.
11 diciembre 20150
El catedrático de Psiquiatría de la Universidad de Oviedo, Julio Bobes, es el nuevo presidente de la Real Academia de Medicina de Asturias, cargo en el que sucede a Manuel Álvarez-Uría. La suya fue la única candidatura presentada a las elecciones. Le acompañan en la lista Juan López Arranz, exrector de la Universidad de Oviedo y catedrático jubilado de cirugía maxilofacial; José Paz Jiménez, catedrático jubilado de traumatología, y Carlos Hernández Lahoz, exjefe de neurología del HUCA.
Fuente El Comercio.
Julio Bobes critica que excluyen al paciente grave
La Sociedad Asturiana de Psiquiatría dice que «el disconfort psicológico no es un verdadero trastorno mental sino problemas de la vida diaria»
«Se vuelcan en atender al disgustado y excluyen al paciente grave». Julio Bobes, catedrático de Psiquiatría por la Universidad de Oviedo y jefe del servicio de Salud Mental del HUCA, se mostró especialmente crítico con el nuevo Plan de Salud Mental diseñado por el Principado para los próximos cuatro años. «No detallan cómo se abordarán los trastornos más graves, que son los que verdaderamente importan en materia de salud pública. Tampoco hablan del suicidio, en una comunidad como la asturiana con mayor tasa de conductas autolíticas del país».
Bobes, miembro de la Sociedad Asturiana de Psiquiatría reprochó el oscurantismo con el que se diseñó el documento. «Participaron en el mismo los cuatro amigos de siempre y no consultaron al resto de profesionales», acusó. Precisamente, Pilar Saiz, presidente de dicha Sociedad, puso en tela de juicio una de las premisas en la que se basa el Plan de Salud Mental: la promoción de la psicología clínica. «Se hace una apuesta demasiado notoria sobre el incremento de personal con titulación de psicólogo clínico, sin que esté claramente establecido la necesidad de tal crecimiento, tanto en el abordaje terapéutico tanto de pacientes graves como comunes».
En opinión de Saiz, «una parte relevante de la demanda recibida durante los últimos años corresponde a personas con disconfort psicopatológico, que no son verdaderos pacientes con trastornos mentales sino personas con problemas de la vida diaria». En ese sentido, indicó que en materia de salud mental «debería priorizarse en todo momento la atención de los enfermos mentales. Los problemas de la vida diaria deberían ser asumidos a nivel de Atención Primaria, por los médicos de familia, tal y como establece la Ley General de Sanidad».
Asimismo, duda de los datos asistenciales de los que se nutre el Plan de Salud Mental 2015-2020: «No contamos, durante los últimos años con datos epidemiológicos a nivel regional actualizados que nos permitan conocer cual es la situación actual y tendencia de evolución en el último quinquenio de los trastornos mentales en Asturias», afirmó. E indicó que «no existe ninguna evaluación externa del rendimiento de los programas de atención general, de los específicos, ni de cada uno de los dispositivos asistenciales, siendo por tanto imposible determinar la efectividad de los programas de salud mental».
Fuente, El Comercio
«Se vuelcan en atender al disgustado y excluyen al paciente grave». Julio Bobes, catedrático de Psiquiatría por la Universidad de Oviedo y jefe del servicio de Salud Mental del HUCA, se mostró especialmente crítico con el nuevo Plan de Salud Mental diseñado por el Principado para los próximos cuatro años. «No detallan cómo se abordarán los trastornos más graves, que son los que verdaderamente importan en materia de salud pública. Tampoco hablan del suicidio, en una comunidad como la asturiana con mayor tasa de conductas autolíticas del país».
Bobes, miembro de la Sociedad Asturiana de Psiquiatría reprochó el oscurantismo con el que se diseñó el documento. «Participaron en el mismo los cuatro amigos de siempre y no consultaron al resto de profesionales», acusó. Precisamente, Pilar Saiz, presidente de dicha Sociedad, puso en tela de juicio una de las premisas en la que se basa el Plan de Salud Mental: la promoción de la psicología clínica. «Se hace una apuesta demasiado notoria sobre el incremento de personal con titulación de psicólogo clínico, sin que esté claramente establecido la necesidad de tal crecimiento, tanto en el abordaje terapéutico tanto de pacientes graves como comunes».
En opinión de Saiz, «una parte relevante de la demanda recibida durante los últimos años corresponde a personas con disconfort psicopatológico, que no son verdaderos pacientes con trastornos mentales sino personas con problemas de la vida diaria». En ese sentido, indicó que en materia de salud mental «debería priorizarse en todo momento la atención de los enfermos mentales. Los problemas de la vida diaria deberían ser asumidos a nivel de Atención Primaria, por los médicos de familia, tal y como establece la Ley General de Sanidad».
Asimismo, duda de los datos asistenciales de los que se nutre el Plan de Salud Mental 2015-2020: «No contamos, durante los últimos años con datos epidemiológicos a nivel regional actualizados que nos permitan conocer cual es la situación actual y tendencia de evolución en el último quinquenio de los trastornos mentales en Asturias», afirmó. E indicó que «no existe ninguna evaluación externa del rendimiento de los programas de atención general, de los específicos, ni de cada uno de los dispositivos asistenciales, siendo por tanto imposible determinar la efectividad de los programas de salud mental».
Fuente, El Comercio
Julio Bobes: el médico más rico
JULIO BOBES: EL MÉDICO MÁS RICO.
No recuerdo a ningún médico que haya presumido de ser rico. Sí los hay, y muchos, que se jactan de ser los mejores clínicos, investigadores, docentes, intérpretes del sentir del paciente o expertos en nuevas tecnologías. Pero de la pasta nunca habló nadie en público, salvo los sindicatos profesionales, que llevan años quejándose de sueldos míseros y proletarización rampante. Pues en esto hemos encontrado al médico más rico, una eminencia en Psiquiatría llamada Julio Bobes, que no ha tenido reparo en reconocer su estatus. Qué más quisiera él que fuera verdad.
El comentario de Bobes, muy intencionado, ha ido dirigido, más que a constatar su riqueza, que no tiene pinta de ser nada del otro mundo, a subrayar su propósito de transparencia en la siempre obligada y delicadísima relación con la industria farmacéutica. Y en esta escala de valores, es mejor constatar el enriquecimiento de un médico que ha recibido mucho dinero de los laboratorios, sabiendo cuánto y para qué, que sospechar sobre sus oscuras retribuciones camino de inciertos fondos en las islas Caimán.
Soy el más rico porque soy del único del que se sabe lo que cobra, ha venido a decir Bobes, con la sinceridad propia de los enfermos a los que viene dedicando su esfuerzo profesional. Y ha pedido a sus colegas que cunda el ejemplo, que así no habrá nada que esconder ni que objetar. Aún a riesgo de que el propio Bobes asuma que, ni de lejos, es el médico más rico, una vez que comencemos a saber lo que ingresan los demás.
En realidad, no es solo una cuestión de transparencia, que también. Es que a los médicos, y en general a todo hijo de vecino, les cuesta decir lo que ganan. Porque, en cuanto se sabe, genera rechazo o disconformidad. Si es mucho, porque es mucho, y claro, cómo es posible permitir ese sueldo. Si es poco, porque es una miseria, y cómo es posible no subir ese sueldo. Pero los directores de Recursos Humanos saben que el efecto motivador de una subida de salario es tan efímero como una cachipolla. Lo normal es estar mal pagado, siempre y en toda circunstancia. Por si las moscas.
Con este alegato en favor de la transparencia, que es una de las modas de nuestro tiempo, aunque muchos prefieren verla primero en los demás, Bobes anticipa lo que vendrá con la publicación de los datos sobre transferencia de valor entre la industria farmacéutica y la comunidad médica, según establece el nuevo código ético de la patronal, tan necesario como puñetero. Ahora no importa conocer el caso de un médico rico, alguno tenía que haber, aunque no sea del todo cierto. Pero ¿y si resulta que hay miles y miles de médicos ricos como Bobes, que no paran de recibir fondos de la industria? Eso seguro que será otro cantar.
Porque entonces, la respuesta de una sociedad moderna, avanzada e inteligente consistiría en aplaudir y fomentar esos pagos, en el convencimiento de que el médico y la industria forman una sociedad indisoluble cuyo trabajo coordinado, y lógicamente remunerado, tiene consecuencias directas en la salud de la población, en la curación de enfermedades y en la formación de los profesionales.Pero me temo que estos argumentos no serán los que más escuchemos por estos lares, en los que el sueldo del presidente del Gobierno, que no llega a 80.000 euros, es una buena prueba de los privilegios de los políticos. Vaya por Dios.
Si se deciden a dar su nombre y apellidos, nos encontraremos a más de un médico como Bobes, que ganará más, mucho más que Rajoy, y que encima tendrá que explicar por qué. Todavía no ha llegado el momento de que posiciones vitales como las de Bobes sea posible juzgarlas por el valor de sus logros y el alcance de sus méritos, y no por el tamaño de su cartera, como le decía el sindicalista y proletarizado Carl Fox al arribista y yuppie de su hijo. Y es por eso que los médicos prefieren seguir siendo considerados los más pobres, para que no haya injerencia alguna sobre la opinión que verdaderamente les importa: la de su capacidad y profesionalidad.
Fuente: Ismael Sánchez, director editorial de Sanitaria 2000, Martes, 13 de octubre de 2015.
No recuerdo a ningún médico que haya presumido de ser rico. Sí los hay, y muchos, que se jactan de ser los mejores clínicos, investigadores, docentes, intérpretes del sentir del paciente o expertos en nuevas tecnologías. Pero de la pasta nunca habló nadie en público, salvo los sindicatos profesionales, que llevan años quejándose de sueldos míseros y proletarización rampante. Pues en esto hemos encontrado al médico más rico, una eminencia en Psiquiatría llamada Julio Bobes, que no ha tenido reparo en reconocer su estatus. Qué más quisiera él que fuera verdad.
El comentario de Bobes, muy intencionado, ha ido dirigido, más que a constatar su riqueza, que no tiene pinta de ser nada del otro mundo, a subrayar su propósito de transparencia en la siempre obligada y delicadísima relación con la industria farmacéutica. Y en esta escala de valores, es mejor constatar el enriquecimiento de un médico que ha recibido mucho dinero de los laboratorios, sabiendo cuánto y para qué, que sospechar sobre sus oscuras retribuciones camino de inciertos fondos en las islas Caimán.
Soy el más rico porque soy del único del que se sabe lo que cobra, ha venido a decir Bobes, con la sinceridad propia de los enfermos a los que viene dedicando su esfuerzo profesional. Y ha pedido a sus colegas que cunda el ejemplo, que así no habrá nada que esconder ni que objetar. Aún a riesgo de que el propio Bobes asuma que, ni de lejos, es el médico más rico, una vez que comencemos a saber lo que ingresan los demás.
En realidad, no es solo una cuestión de transparencia, que también. Es que a los médicos, y en general a todo hijo de vecino, les cuesta decir lo que ganan. Porque, en cuanto se sabe, genera rechazo o disconformidad. Si es mucho, porque es mucho, y claro, cómo es posible permitir ese sueldo. Si es poco, porque es una miseria, y cómo es posible no subir ese sueldo. Pero los directores de Recursos Humanos saben que el efecto motivador de una subida de salario es tan efímero como una cachipolla. Lo normal es estar mal pagado, siempre y en toda circunstancia. Por si las moscas.
Con este alegato en favor de la transparencia, que es una de las modas de nuestro tiempo, aunque muchos prefieren verla primero en los demás, Bobes anticipa lo que vendrá con la publicación de los datos sobre transferencia de valor entre la industria farmacéutica y la comunidad médica, según establece el nuevo código ético de la patronal, tan necesario como puñetero. Ahora no importa conocer el caso de un médico rico, alguno tenía que haber, aunque no sea del todo cierto. Pero ¿y si resulta que hay miles y miles de médicos ricos como Bobes, que no paran de recibir fondos de la industria? Eso seguro que será otro cantar.
Porque entonces, la respuesta de una sociedad moderna, avanzada e inteligente consistiría en aplaudir y fomentar esos pagos, en el convencimiento de que el médico y la industria forman una sociedad indisoluble cuyo trabajo coordinado, y lógicamente remunerado, tiene consecuencias directas en la salud de la población, en la curación de enfermedades y en la formación de los profesionales.Pero me temo que estos argumentos no serán los que más escuchemos por estos lares, en los que el sueldo del presidente del Gobierno, que no llega a 80.000 euros, es una buena prueba de los privilegios de los políticos. Vaya por Dios.
Si se deciden a dar su nombre y apellidos, nos encontraremos a más de un médico como Bobes, que ganará más, mucho más que Rajoy, y que encima tendrá que explicar por qué. Todavía no ha llegado el momento de que posiciones vitales como las de Bobes sea posible juzgarlas por el valor de sus logros y el alcance de sus méritos, y no por el tamaño de su cartera, como le decía el sindicalista y proletarizado Carl Fox al arribista y yuppie de su hijo. Y es por eso que los médicos prefieren seguir siendo considerados los más pobres, para que no haya injerencia alguna sobre la opinión que verdaderamente les importa: la de su capacidad y profesionalidad.
Fuente: Ismael Sánchez, director editorial de Sanitaria 2000, Martes, 13 de octubre de 2015.
Los expertos alertan de las recaídas de los pacientes con esquizofrenia
El 90% de los afectados recae antes del quinto año de tratamiento, asegura el psiquiatra Julio Bobes
Europa Press
Miércoles 11 de marzo de 2015
Julio Bobes.// PABLO LORENZANA
El 90% de los pacientes con esquizofrenia recae antes de los 5 años de tratamiento, según ha informado el jefe de servicio de Psiquiatría del HUCA, Julio Bobes, en el marco del simposio 'En busca de una mejor autonomía del paciente'. El experto ha destacado la necesidad de prevenir las recaídas ya que, a su juicio, es uno de los factores "clave" para alcanzar la mejora del funcionamiento social de las personas que sufren esta enfermedad.
Y es que, prosigue, una "gran proporción" de pacientes con esquizofrenia presenta una significativa discapacidad, por lo que la enfermedad supone un reto para los psiquiatras para hallar nuevas dianas terapéuticas. "Es por ello que debemos trabajar con las personas que sufren esquizofrenia desde el prisma de la reducción de los síntomas psicóticos como primer paso para la recuperación funcional, focalizándonos en una remisión de la clínica que sea lo suficientemente amplia para que la mejoría de su funcionamiento psicosocial le permita la normalización", ha afirmado el especialista.
Asimismo, para conseguir el mayor grado de acuerdo y adherencia posible y facilitar su integración social y laboral, es necesario promover la concienciación sobre la enfermedad para que el paciente acepte y comprenda los programas terapéuticos. "La mejor estrategia para combatir el estigma que causa la enfermedad a nivel social es el conocimiento. Sin embargo, a pesar de las campañas realizadas, es posible que los psiquiatras no hayamos sabido transmitir a la población qué es esta enfermedad y lo que significa para las personas que la padecen", ha comentado la psiquiatra y profesora titular de la Universidad de Oviedo, Mª Paz García-Portilla.
AVANCES MÁS RECIENTES EN ESQUIZOFRENIA
Por otra parte, los expertos han recordado que en los últimos años se ha conseguido conocer, en mayor profundidad, los múltiples determinantes que desencadenan las enfermedades psiquiátricas y, sobre todo, cuáles son los factores modificables sobre los que intervenir, tanto biológicos - farmacológicos y psicoterapéuticos- como psicosociales.
"Esto nos permite dirigir más intensamente nuestra atención clínica a las primeras manifestaciones de las enfermedades y, por otra parte, destinar mayor esfuerzo a aminorar el impacto en la vida personal, familiar, laboral y social de cada paciente. De esta manera, la disminución del estigma social, el grado de dependencia y la restricción en la participación sociolaboral, permitirán una mejor habilitación funcional y mayor grado de autonomía", ha apuntado Bobes.
Además de esto, señala García-Portilla, actualmente se están investigando nuevos fármacos para el tratamiento eficaz de la sintomatología negativa y cognitiva de la esquizofrenia. Asimismo, ambos especialistas coinciden en que está comprobado que garantizar la dosis correcta de fármaco minimiza el riesgo de recaídas y permite una mayor estabilidad del paciente.
"Además del tratamiento psicofarmacológico, clave en el tratamiento de la sintomatología positiva de la enfermedad y en la modificación del curso neurotóxico inherente a la esquizofrenia, varias habilidades psicosociales pueden contribuir a la mejoría del nivel de funcionalidad de los pacientes. Por ejemplo, estrategias de psicoeducación, entrenamiento en prácticas sociales o incrementar la disponibilidad de recursos socio-sanitarios que favorezcan la autonomía e independencia de las personas con esquizofrenia", ha comentado García-Portilla.
En este sentido, Bobes ha puntualizado que el desarrollo de nuevas terapias farmacológicas genera la necesidad de cerrar el debate abierto sobre la manera de diagnosticar y tratar a las personas con problemas de salud mental, de forma que puedan beneficiarse de los tratamientos más favorables para ellos. "El papel de las asociaciones de pacientes es imprescindible para lograr la inserción social y laboral de las personas que padecen esquizofrenia. Sin embargo, su intervención en las decisiones de Salud Mental es todavía insuficiente", ha zanjado la doctora.
El 90% de los afectados recae antes del quinto año de tratamiento, asegura el psiquiatra Julio Bobes
Europa Press
Miércoles 11 de marzo de 2015
Julio Bobes.// PABLO LORENZANA
El 90% de los pacientes con esquizofrenia recae antes de los 5 años de tratamiento, según ha informado el jefe de servicio de Psiquiatría del HUCA, Julio Bobes, en el marco del simposio 'En busca de una mejor autonomía del paciente'. El experto ha destacado la necesidad de prevenir las recaídas ya que, a su juicio, es uno de los factores "clave" para alcanzar la mejora del funcionamiento social de las personas que sufren esta enfermedad.
Y es que, prosigue, una "gran proporción" de pacientes con esquizofrenia presenta una significativa discapacidad, por lo que la enfermedad supone un reto para los psiquiatras para hallar nuevas dianas terapéuticas. "Es por ello que debemos trabajar con las personas que sufren esquizofrenia desde el prisma de la reducción de los síntomas psicóticos como primer paso para la recuperación funcional, focalizándonos en una remisión de la clínica que sea lo suficientemente amplia para que la mejoría de su funcionamiento psicosocial le permita la normalización", ha afirmado el especialista.
Asimismo, para conseguir el mayor grado de acuerdo y adherencia posible y facilitar su integración social y laboral, es necesario promover la concienciación sobre la enfermedad para que el paciente acepte y comprenda los programas terapéuticos. "La mejor estrategia para combatir el estigma que causa la enfermedad a nivel social es el conocimiento. Sin embargo, a pesar de las campañas realizadas, es posible que los psiquiatras no hayamos sabido transmitir a la población qué es esta enfermedad y lo que significa para las personas que la padecen", ha comentado la psiquiatra y profesora titular de la Universidad de Oviedo, Mª Paz García-Portilla.
AVANCES MÁS RECIENTES EN ESQUIZOFRENIA
Por otra parte, los expertos han recordado que en los últimos años se ha conseguido conocer, en mayor profundidad, los múltiples determinantes que desencadenan las enfermedades psiquiátricas y, sobre todo, cuáles son los factores modificables sobre los que intervenir, tanto biológicos - farmacológicos y psicoterapéuticos- como psicosociales.
"Esto nos permite dirigir más intensamente nuestra atención clínica a las primeras manifestaciones de las enfermedades y, por otra parte, destinar mayor esfuerzo a aminorar el impacto en la vida personal, familiar, laboral y social de cada paciente. De esta manera, la disminución del estigma social, el grado de dependencia y la restricción en la participación sociolaboral, permitirán una mejor habilitación funcional y mayor grado de autonomía", ha apuntado Bobes.
Además de esto, señala García-Portilla, actualmente se están investigando nuevos fármacos para el tratamiento eficaz de la sintomatología negativa y cognitiva de la esquizofrenia. Asimismo, ambos especialistas coinciden en que está comprobado que garantizar la dosis correcta de fármaco minimiza el riesgo de recaídas y permite una mayor estabilidad del paciente.
"Además del tratamiento psicofarmacológico, clave en el tratamiento de la sintomatología positiva de la enfermedad y en la modificación del curso neurotóxico inherente a la esquizofrenia, varias habilidades psicosociales pueden contribuir a la mejoría del nivel de funcionalidad de los pacientes. Por ejemplo, estrategias de psicoeducación, entrenamiento en prácticas sociales o incrementar la disponibilidad de recursos socio-sanitarios que favorezcan la autonomía e independencia de las personas con esquizofrenia", ha comentado García-Portilla.
En este sentido, Bobes ha puntualizado que el desarrollo de nuevas terapias farmacológicas genera la necesidad de cerrar el debate abierto sobre la manera de diagnosticar y tratar a las personas con problemas de salud mental, de forma que puedan beneficiarse de los tratamientos más favorables para ellos. "El papel de las asociaciones de pacientes es imprescindible para lograr la inserción social y laboral de las personas que padecen esquizofrenia. Sin embargo, su intervención en las decisiones de Salud Mental es todavía insuficiente", ha zanjado la doctora.
Julio Bobes García, Catedrático en la Universidad de Oviedo
Julio Bobes García
Catedrático y Jefe de Servicio de Psiquiatría. Universidad y Área Sanitaria de Oviedo.
Catedrático de Psiquiatría de la Universidad de Oviedo, dirige el Área de Psiquiatría del Departamento de Medicina de dicha Universidad y es Jefe de Servicio de Psiquiatría del Área Sanitaria de Oviedo.
Catedrático de Psiquiatría de la Universidad de Oviedo, actualmente dirige el Área de Psiquiatría del Departamento de Medicina de dicha Universidad y es Jefe de Servicio de Psiquiatría del Área Sanitaria de Oviedo. Asimismo, es investigador principal del Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud Mental (CIBERSAM) de Oviedo.
Sus actividades incluyen tanto la docencia como la investigación y la práctica clínica. Ha publicado más de cien artículos y es autor y coordinador de varios libros, así como colaborador de numerosos capítulos. Sus intereses investigadores incluyen diferentes aspectos de la evaluación, manejo, tratamiento e impacto de distintos trastornos psiquiátricos: dependencias, trastornos psicóticos, afectivos, de ansiedad y psicofisiológicos. Asimismo, participa activamente en el estudio y la prevención de comportamientos suicidas.
Es miembro de numerosas Sociedades Científicas, tanto españolas como extranjeras, ocupando cargos directivos en varias de ellas: Presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica (SEPB), Presidente de Socidrogalcohol, miembro del Board de la Asociación Europea de Psiquiatría (EPA), Presidente del Consejo Español del Cerebro integrado en el European Brain Council, etc. Participa en Comités Editoriales de publicaciones de impacto y es Director Editorial de la Revista de Psiquiatría y Salud Mental.
Fuente: PyDEsalud.com 19/01/2015
Julio Bobes García
Catedrático y Jefe de Servicio de Psiquiatría. Universidad y Área Sanitaria de Oviedo.
Catedrático de Psiquiatría de la Universidad de Oviedo, dirige el Área de Psiquiatría del Departamento de Medicina de dicha Universidad y es Jefe de Servicio de Psiquiatría del Área Sanitaria de Oviedo.
Catedrático de Psiquiatría de la Universidad de Oviedo, actualmente dirige el Área de Psiquiatría del Departamento de Medicina de dicha Universidad y es Jefe de Servicio de Psiquiatría del Área Sanitaria de Oviedo. Asimismo, es investigador principal del Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud Mental (CIBERSAM) de Oviedo.
Sus actividades incluyen tanto la docencia como la investigación y la práctica clínica. Ha publicado más de cien artículos y es autor y coordinador de varios libros, así como colaborador de numerosos capítulos. Sus intereses investigadores incluyen diferentes aspectos de la evaluación, manejo, tratamiento e impacto de distintos trastornos psiquiátricos: dependencias, trastornos psicóticos, afectivos, de ansiedad y psicofisiológicos. Asimismo, participa activamente en el estudio y la prevención de comportamientos suicidas.
Es miembro de numerosas Sociedades Científicas, tanto españolas como extranjeras, ocupando cargos directivos en varias de ellas: Presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica (SEPB), Presidente de Socidrogalcohol, miembro del Board de la Asociación Europea de Psiquiatría (EPA), Presidente del Consejo Español del Cerebro integrado en el European Brain Council, etc. Participa en Comités Editoriales de publicaciones de impacto y es Director Editorial de la Revista de Psiquiatría y Salud Mental.
Fuente: PyDEsalud.com 19/01/2015
En los próximos meses diremos como colaboran los abogados con las mafias y autoridades
Tomás Pérez Vior a 19/12/2014.
En los próximos meses diremos como colaboran los abogados con las mafias y autoridades.
En los próximos meses diremos como colaboran los abogados con las mafias y autoridades.
Comunicado a los socios.
Oviedo a 28 de noviembre 2014.
Se comunica a todos los socios/as con derecho a voto en La Asociación de Pacientes del Servicio Sanitario Asturiano y la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos de Asturias presididas por Tomás Pérez Vior, que por el presente se les convoca a la Junta General Ordinaria, que estas Asociaciones celebrarán el próximo día 12 de diciembre de 2014 a las 18 horas en el lugar habitual de las reuniones, con los siguientes puntos:
ORDEN DEL DÍA
1. Informar de las actuaciones realizadas.
2. Examen y aprobación, si procede, de las actuaciones a seguir.
3. Explicación y aprobación, si procede, de los gastos en general desde la última convocatoria.
4. Aprobación de gastos 2015, si procede.
5. La aprobación de nuevos socios y colaboradores, de los que procedan.
6. Elegir nuevos cargos o renovación del actual.
7. Ruegos y preguntas.
Todos los socios que deseen ser representados por terceras personas, deberán presentar un apoderado mediante poder notarial y solo podrán representar a un socio con el previo comunicado del mismo cinco días antes de la fecha de la reunión.
Atentamente el Presidente.
Tomás Pérez Vior
Se comunica a todos los socios/as con derecho a voto en La Asociación de Pacientes del Servicio Sanitario Asturiano y la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos de Asturias presididas por Tomás Pérez Vior, que por el presente se les convoca a la Junta General Ordinaria, que estas Asociaciones celebrarán el próximo día 12 de diciembre de 2014 a las 18 horas en el lugar habitual de las reuniones, con los siguientes puntos:
ORDEN DEL DÍA
1. Informar de las actuaciones realizadas.
2. Examen y aprobación, si procede, de las actuaciones a seguir.
3. Explicación y aprobación, si procede, de los gastos en general desde la última convocatoria.
4. Aprobación de gastos 2015, si procede.
5. La aprobación de nuevos socios y colaboradores, de los que procedan.
6. Elegir nuevos cargos o renovación del actual.
7. Ruegos y preguntas.
Todos los socios que deseen ser representados por terceras personas, deberán presentar un apoderado mediante poder notarial y solo podrán representar a un socio con el previo comunicado del mismo cinco días antes de la fecha de la reunión.
Atentamente el Presidente.
Tomás Pérez Vior
La Guardia Civil propone dos años de suspensión para el agente que no impidió una agresión sexual
Fue indultado el pasado mes de junio por el Ministerio de Justicia tras haber sido condenado a seis meses de suspensión de empleo y sueldo por omisión del deber de perseguir delitos
europa press | oviedo
La Dirección General de la Guardia Civil ha notificado su propuesta de dos años de suspensión de empleo y sueldo a Manuel Arbesú González, el agente que había sido condenado a seis meses de suspensión de empleo y sueldo por omisión del deber de perseguir delitos, al no impedir una agresión sexual que se estaba cometiendo en un tren. En junio de este año fue indultado por el Ministerio de Justicia.
Fuentes de la Unión de Guardias Civiles han confirmado que el agente ha recibido la notificación. Serían dos años de cese de empelo y suelo. En estos momentos se encuentra el periodo de alegaciones. La central prevé que la sanción finalmente sea rebajada.
El caso adquirió dimensiones políticas cuando trascendió que el agente era hijo de un concejal del Partido Popular del Ayuntamiento de Pola de Lena. El Gobierno central tuvo que dar explicaciones recientemente por este asunto a varios grupos de la oposición, dejando bien claro que desconocía quién era el padre del indultado.
En la respuesta remitida a Gaspar Llamazares y Laia Ortiz (IU-ICV), Rosa Díez (UPyD) y Olaia Fernández Davila (BNG) recalcó además que "las razones para la concesión del indulto son estrictamente técnicas y objetivas". Así, indica que tanto el tribunal sentenciador como el Ministerio Fiscal eran favorables al mismo, que la víctima no se opuso a su concesión y que se tuvo en cuenta que el beneficiario no tenía antecedentes penales y había pagado las responsabilidades civiles impuestas en la sentencia.
europa press | oviedo
La Dirección General de la Guardia Civil ha notificado su propuesta de dos años de suspensión de empleo y sueldo a Manuel Arbesú González, el agente que había sido condenado a seis meses de suspensión de empleo y sueldo por omisión del deber de perseguir delitos, al no impedir una agresión sexual que se estaba cometiendo en un tren. En junio de este año fue indultado por el Ministerio de Justicia.
Fuentes de la Unión de Guardias Civiles han confirmado que el agente ha recibido la notificación. Serían dos años de cese de empelo y suelo. En estos momentos se encuentra el periodo de alegaciones. La central prevé que la sanción finalmente sea rebajada.
El caso adquirió dimensiones políticas cuando trascendió que el agente era hijo de un concejal del Partido Popular del Ayuntamiento de Pola de Lena. El Gobierno central tuvo que dar explicaciones recientemente por este asunto a varios grupos de la oposición, dejando bien claro que desconocía quién era el padre del indultado.
En la respuesta remitida a Gaspar Llamazares y Laia Ortiz (IU-ICV), Rosa Díez (UPyD) y Olaia Fernández Davila (BNG) recalcó además que "las razones para la concesión del indulto son estrictamente técnicas y objetivas". Así, indica que tanto el tribunal sentenciador como el Ministerio Fiscal eran favorables al mismo, que la víctima no se opuso a su concesión y que se tuvo en cuenta que el beneficiario no tenía antecedentes penales y había pagado las responsabilidades civiles impuestas en la sentencia.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, condenada a España por no investigar torturas a una mujer
El ministro de Justicia asegura que el Gobierno estudiará si recurre la sentencia del Tribunal de Estrasburgo
EP / Madrid El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha afirmado este martes, en sus primeras declaraciones públicas tras tomar posesión del cargo, que los Servicios Jurídicos del Estado estudiarán si se recurre la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que ha condenado a España a indemnizar con 29.000 euros a la etarra Beatriz Etxebarria, miembro del 'comando Otazua' de ETA, por no llevar a cabo "una investigación profunda y efectiva" sobre los malos tratos que ésta denunció.
Tras intervenir en un congreso sobre arbitraje celebrado en un hotel de Madrid, Catalá ha destacado que disponemos de "un sistema de controles jurisdiccionales de altísima calidad" tanto en el ámbito español como el internacional y que el Gobierno acata las resoluciones del tribunal con sede en Estrasburgo.
Además de afirmar que las sentencia se ha conocido esta misma mañana, y que por lo tanto desconoce la literalidad de las mismas, el nuevo ministro de Justicia ha explicado que la condena se refiere a una cuestión "de ámbito procesal" por el archivo de una denuncia por malos tratos.
"Vamos a estudiarlo con el compromiso de garantizar, como creo que ya es así, que en España existe un sistema jurisdiccional de defensa de los derechos fundamentales que funciona con toda calidad", ha insistido.
Etxebarría, condenada, entre otros, por los asesinatos del policía nacional Eduardo Puelles y del brigada Luis Conde, debe según el TEDH ser indemnizar con 25.000 euros a Etxebarria por daños morales y con otros 4.000 por los gastos del procedimiento, al considerar que España violó el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que establece que "nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes".
El TEDH también ha hecho pública este martes una segunda resolución en la que igualmente condena a España a indemnizar con 24.000 euros (20.000 por daños y morales y 4.000 por los gastos del procedimiento) por vulnerar el mismo artículo en el caso de Ohian Unai Ataun Rojo, que fue arrestado en noviembre de 2008 y permaneció cuatro días en régimen de detención incomunicada mientras era investigado por su pertenencia a la organización terrorista ETA.
EP / Madrid El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha afirmado este martes, en sus primeras declaraciones públicas tras tomar posesión del cargo, que los Servicios Jurídicos del Estado estudiarán si se recurre la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que ha condenado a España a indemnizar con 29.000 euros a la etarra Beatriz Etxebarria, miembro del 'comando Otazua' de ETA, por no llevar a cabo "una investigación profunda y efectiva" sobre los malos tratos que ésta denunció.
Tras intervenir en un congreso sobre arbitraje celebrado en un hotel de Madrid, Catalá ha destacado que disponemos de "un sistema de controles jurisdiccionales de altísima calidad" tanto en el ámbito español como el internacional y que el Gobierno acata las resoluciones del tribunal con sede en Estrasburgo.
Además de afirmar que las sentencia se ha conocido esta misma mañana, y que por lo tanto desconoce la literalidad de las mismas, el nuevo ministro de Justicia ha explicado que la condena se refiere a una cuestión "de ámbito procesal" por el archivo de una denuncia por malos tratos.
"Vamos a estudiarlo con el compromiso de garantizar, como creo que ya es así, que en España existe un sistema jurisdiccional de defensa de los derechos fundamentales que funciona con toda calidad", ha insistido.
Etxebarría, condenada, entre otros, por los asesinatos del policía nacional Eduardo Puelles y del brigada Luis Conde, debe según el TEDH ser indemnizar con 25.000 euros a Etxebarria por daños morales y con otros 4.000 por los gastos del procedimiento, al considerar que España violó el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que establece que "nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes".
El TEDH también ha hecho pública este martes una segunda resolución en la que igualmente condena a España a indemnizar con 24.000 euros (20.000 por daños y morales y 4.000 por los gastos del procedimiento) por vulnerar el mismo artículo en el caso de Ohian Unai Ataun Rojo, que fue arrestado en noviembre de 2008 y permaneció cuatro días en régimen de detención incomunicada mientras era investigado por su pertenencia a la organización terrorista ETA.
La fiscal superior carga contra la juez que trata de imputarla ante el Supremo
Fuente: Lne.es
L. Á. VEGA La fiscalía ha recurrido la inhibición ante el Supremo de la titular del Juzgado número 3 de La Coruña, que instruye una denuncia por falsedad presentada por el fiscal Juan Antonio Frago. Éste sostiene que los documentos usados para apartarle de la carrera fiscal (aunque luego fue readmitido), y remitidos por la entonces fiscal jefe coruñesa, la actual fiscal superior de Asturias, Esther Fernández, fueron manipulados. "Ni estoy imputada ni he participado en ilícito penal alguno", indicó Fernández, quien añade que la fiscalía ha pedido la nulidad del auto del Juzgado y el archivo de las diligencias, "por no existir ilícitos penales en los hechos denunciados". Fernández añade que no se cumplen los requisitos para iniciar un procedimiento contra un fiscal, ya que no hay querella. La juez, añade, no puede inhibirse ante el Supremo, tiene que elevar una exposición razonada, tras oír al fiscal, cosa que no ha ocurrido. "Un juez instructor no tiene competencia para incoar proceso ni admitir una querella contra un fiscal, y menos para dar curso a una denuncia contra él o imputarle. Todos estos requisitos fueron incumplidos", añade. Denuncia además que Frago ha tratado de desprestigiarla sin descanso con denuncias que no han llegado a ningún lado.
Fuente: Lne.es
L. Á. VEGA La fiscalía ha recurrido la inhibición ante el Supremo de la titular del Juzgado número 3 de La Coruña, que instruye una denuncia por falsedad presentada por el fiscal Juan Antonio Frago. Éste sostiene que los documentos usados para apartarle de la carrera fiscal (aunque luego fue readmitido), y remitidos por la entonces fiscal jefe coruñesa, la actual fiscal superior de Asturias, Esther Fernández, fueron manipulados. "Ni estoy imputada ni he participado en ilícito penal alguno", indicó Fernández, quien añade que la fiscalía ha pedido la nulidad del auto del Juzgado y el archivo de las diligencias, "por no existir ilícitos penales en los hechos denunciados". Fernández añade que no se cumplen los requisitos para iniciar un procedimiento contra un fiscal, ya que no hay querella. La juez, añade, no puede inhibirse ante el Supremo, tiene que elevar una exposición razonada, tras oír al fiscal, cosa que no ha ocurrido. "Un juez instructor no tiene competencia para incoar proceso ni admitir una querella contra un fiscal, y menos para dar curso a una denuncia contra él o imputarle. Todos estos requisitos fueron incumplidos", añade. Denuncia además que Frago ha tratado de desprestigiarla sin descanso con denuncias que no han llegado a ningún lado.
España, condenada por la ONU
EFE / Madrid El Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw) ha condenado a España por no actuar de manera diligente en la protección de una víctima de violencia de género, y de su hija, de 7 años, asesinada por el padre en una visita sin supervisión.
En su dictamen, el Comité explica que la negligencia de los agentes estatales dio lugar a la muerte de la hija de Ángela González por el maltratador y condena al Estado por no haber protegido ni a ella ni a su hija, no castigar al maltratador y no investigar ni indemnizar a la mujer por los daños causados, según explica Women's Link Worldwide.
Esta organización presentó la demanda en septiembre de 2012 ante la ONU en nombre de la mujer, quien ha estado durante más de una década pleiteando en distintos tribunales de justicia sin éxito.
Había denunciado en más de treinta ocasiones la violencia que ella y su hija sufrían y solicitado medidas de protección para ambas, aunque su hija, de 7 años, fue asesinada por su padre en una de las visitas sin supervisión concedidas al agresor.
"Tras once años de búsqueda de justicia, hay un pronunciamiento que no sólo me satisface a mí, sino que se convierte en una oportunidad para que no haya más mujeres y niñas que tengan que pasar por lo que mi hija y yo vivimos", ha explicado Ángela González a través de la ONG.
La condena obliga al Estado español a reparar de manera adecuada y a indemnizar integralmente a Ángela González -quien pedía protección para su hija desde que tenía tres años-, así como a realizar una investigación que determine los fallos que existieron en su caso y que causaron que ella y su hija estuvieran desprotegidas.
Para evitar la repetición de situaciones similares, exige que se tomen "medidas adecuadas y efectivas para que los antecedentes de violencia de género sean tenidos en cuenta al momento de estipular los derechos de custodia de modo que se ponga en peligro la seguridad de las víctimas de violencia de género, incluidos los hijos".
Además, manda a que se refuerce la implementación del marco legal para responder adecuadamente a la violencia de género y obliga a que los jueces y personal administrativo competente reciban formación sobre estereotipos de género.
La ONG ha destacado la "histórica condena" al Estado español, ya que asegura que por primera vez un tribunal internacional condena a España por su negligencia en materia de violencia de género.
En el dictamen, el Comité señala la obligación que tienen los Estados de "investigar la existencia de fallos, negligencia u omisiones por parte de los poderes públicos" que dejan sin protección a las víctimas de violencia de género y recuerda que para hacer esto realidad se necesita de "voluntad política y el apoyo de agentes estatales".
Reconoce que España ha hecho frente a la violencia de género por medio de la formulación de leyes, concienciación, educación y capacitación, incluyendo la Ley Contra Violencia de Género de 2004, pero señala que persisten costumbres y prácticas por parte de jueces, fiscales, trabajadores sociales y otros agentes que constituyen discriminación contra las mujeres.
Según el Comité, estas prácticas se traducen en estereotipos de género en el sistema judicial que llevan, con frecuencia, a que no se proteja de manera efectiva a las mujeres víctimas de violencia, ni a sus hijos.
"Los estereotipos afectan el derecho de la mujer a un proceso judicial imparcial, lo que en el caso de Ángela la colocó a ella y a su hija en una situación de vulnerabilidad", ha señalado Paloma Soria, abogada de Women's Link, quien además ha recordado que el documento expresa que "el interés superior de los niños y niñas tiene que prevalecer, y eso quiere decir que los y las menores tienen derecho a ser oídos".
España tiene seis meses para remitir al Comité, mediante un escrito, las medidas que haya tomado en cumplimiento de esta decisión y debe de difundir ampliamente la decisión "a fin de alcanzar todos los sectores pertinentes de la sociedad."
La mujer, sobreviviente de violencia de género, huyó de la casa familiar con su hija Andrea, que entonces tenía 3 años, denunció el maltrato que sufrían y solicitó la separación del agresor, aunque los ataques continuaron después del divorcio, incluso a través de su hija Andrea, quien era interrogada acerca de la vida sentimental de su madre y amenazada con no ser llevada de vuelta con ella si no le contestaba.
En su dictamen, el Comité explica que la negligencia de los agentes estatales dio lugar a la muerte de la hija de Ángela González por el maltratador y condena al Estado por no haber protegido ni a ella ni a su hija, no castigar al maltratador y no investigar ni indemnizar a la mujer por los daños causados, según explica Women's Link Worldwide.
Esta organización presentó la demanda en septiembre de 2012 ante la ONU en nombre de la mujer, quien ha estado durante más de una década pleiteando en distintos tribunales de justicia sin éxito.
Había denunciado en más de treinta ocasiones la violencia que ella y su hija sufrían y solicitado medidas de protección para ambas, aunque su hija, de 7 años, fue asesinada por su padre en una de las visitas sin supervisión concedidas al agresor.
"Tras once años de búsqueda de justicia, hay un pronunciamiento que no sólo me satisface a mí, sino que se convierte en una oportunidad para que no haya más mujeres y niñas que tengan que pasar por lo que mi hija y yo vivimos", ha explicado Ángela González a través de la ONG.
La condena obliga al Estado español a reparar de manera adecuada y a indemnizar integralmente a Ángela González -quien pedía protección para su hija desde que tenía tres años-, así como a realizar una investigación que determine los fallos que existieron en su caso y que causaron que ella y su hija estuvieran desprotegidas.
Para evitar la repetición de situaciones similares, exige que se tomen "medidas adecuadas y efectivas para que los antecedentes de violencia de género sean tenidos en cuenta al momento de estipular los derechos de custodia de modo que se ponga en peligro la seguridad de las víctimas de violencia de género, incluidos los hijos".
Además, manda a que se refuerce la implementación del marco legal para responder adecuadamente a la violencia de género y obliga a que los jueces y personal administrativo competente reciban formación sobre estereotipos de género.
La ONG ha destacado la "histórica condena" al Estado español, ya que asegura que por primera vez un tribunal internacional condena a España por su negligencia en materia de violencia de género.
En el dictamen, el Comité señala la obligación que tienen los Estados de "investigar la existencia de fallos, negligencia u omisiones por parte de los poderes públicos" que dejan sin protección a las víctimas de violencia de género y recuerda que para hacer esto realidad se necesita de "voluntad política y el apoyo de agentes estatales".
Reconoce que España ha hecho frente a la violencia de género por medio de la formulación de leyes, concienciación, educación y capacitación, incluyendo la Ley Contra Violencia de Género de 2004, pero señala que persisten costumbres y prácticas por parte de jueces, fiscales, trabajadores sociales y otros agentes que constituyen discriminación contra las mujeres.
Según el Comité, estas prácticas se traducen en estereotipos de género en el sistema judicial que llevan, con frecuencia, a que no se proteja de manera efectiva a las mujeres víctimas de violencia, ni a sus hijos.
"Los estereotipos afectan el derecho de la mujer a un proceso judicial imparcial, lo que en el caso de Ángela la colocó a ella y a su hija en una situación de vulnerabilidad", ha señalado Paloma Soria, abogada de Women's Link, quien además ha recordado que el documento expresa que "el interés superior de los niños y niñas tiene que prevalecer, y eso quiere decir que los y las menores tienen derecho a ser oídos".
España tiene seis meses para remitir al Comité, mediante un escrito, las medidas que haya tomado en cumplimiento de esta decisión y debe de difundir ampliamente la decisión "a fin de alcanzar todos los sectores pertinentes de la sociedad."
La mujer, sobreviviente de violencia de género, huyó de la casa familiar con su hija Andrea, que entonces tenía 3 años, denunció el maltrato que sufrían y solicitó la separación del agresor, aunque los ataques continuaron después del divorcio, incluso a través de su hija Andrea, quien era interrogada acerca de la vida sentimental de su madre y amenazada con no ser llevada de vuelta con ella si no le contestaba.
La ONU pide a España que «cambie de rumbo» en política sanitaria
La relatora de Naciones Unidas sobre pobreza extrema recuerda a las autoridades que tienen obligaciones internacionales en cuanto al acceso a este tipo de atención, lo que incluye a los inmigrantes independientemente de su situación jurídica
EFE | GINEBRA
La relatora de la ONU sobre pobreza extrema, Magdalena Sepúlveda, ha pedido al Gobierno español que "cambie de rumbo" en relación a ciertas medidas que afectan el acceso a la salud, particularmente de la población inmigrante.
Sepúlveda ha recordado a las autoridades que España tiene obligaciones internacionales en cuanto al acceso a la atención sanitaria, lo que incluye a los inmigrantes independientemente de su situación jurídica, es decir, si están en el país de manera legal o irregular. "La falta de acceso de los inmigrantes a la atención primaria no es sólo cuestionable desde una perspectiva de derechos humanos, sino también poco efectiva para reducir costes a largo plazo", ha opinado. Ha sostenido que si ese colectivo no recibe atención primaria de salud, entonces los servicios de emergencia, que de manera general son más costosos, sufrirán una sobrecarga.
Sepúlveda ha formulado esta declaración escrita, desde Ginebra, como seguimiento a una carta que remitió -conjuntamente con otros expertos de derechos humanos de la ONU- al Gobierno de España el pasado noviembre, en la que se cuestionaban los cambios que reducían el acceso al sistema de salud pública.
"Percepción errónea del principio de no discriminación"
La relatora ha valorado la respuesta que recibió, aunque se ha distanciado de los argumentos y conclusiones de España. "El Gobierno argumenta que el Real Decreto 16/2012 no es discriminatorio, porque trata la legalidad de residencia en el país y no el origen nacional. Este argumento refleja una percepción errónea del principio de no discriminación", ha puntualizado.
Sepúlveda ha agregado que "los principios básicos de derechos humanos no pueden ser ignorados a causa de las presiones fiscales". Bajo esas consideraciones, la relatora ha señalado que no puede considerarse que la atención sanitaria sea universal, pública y gratuita, como sostiene España. "Los incidentes de los que me han informado, que resultan en la falta de tratamiento para inmigrantes pobres e indocumentados -u otras personas obligadas a pagar incluso si residen legalmente en el país- son inaceptables", ha enfatizado.
EFE | GINEBRA
La relatora de la ONU sobre pobreza extrema, Magdalena Sepúlveda, ha pedido al Gobierno español que "cambie de rumbo" en relación a ciertas medidas que afectan el acceso a la salud, particularmente de la población inmigrante.
Sepúlveda ha recordado a las autoridades que España tiene obligaciones internacionales en cuanto al acceso a la atención sanitaria, lo que incluye a los inmigrantes independientemente de su situación jurídica, es decir, si están en el país de manera legal o irregular. "La falta de acceso de los inmigrantes a la atención primaria no es sólo cuestionable desde una perspectiva de derechos humanos, sino también poco efectiva para reducir costes a largo plazo", ha opinado. Ha sostenido que si ese colectivo no recibe atención primaria de salud, entonces los servicios de emergencia, que de manera general son más costosos, sufrirán una sobrecarga.
Sepúlveda ha formulado esta declaración escrita, desde Ginebra, como seguimiento a una carta que remitió -conjuntamente con otros expertos de derechos humanos de la ONU- al Gobierno de España el pasado noviembre, en la que se cuestionaban los cambios que reducían el acceso al sistema de salud pública.
"Percepción errónea del principio de no discriminación"
La relatora ha valorado la respuesta que recibió, aunque se ha distanciado de los argumentos y conclusiones de España. "El Gobierno argumenta que el Real Decreto 16/2012 no es discriminatorio, porque trata la legalidad de residencia en el país y no el origen nacional. Este argumento refleja una percepción errónea del principio de no discriminación", ha puntualizado.
Sepúlveda ha agregado que "los principios básicos de derechos humanos no pueden ser ignorados a causa de las presiones fiscales". Bajo esas consideraciones, la relatora ha señalado que no puede considerarse que la atención sanitaria sea universal, pública y gratuita, como sostiene España. "Los incidentes de los que me han informado, que resultan en la falta de tratamiento para inmigrantes pobres e indocumentados -u otras personas obligadas a pagar incluso si residen legalmente en el país- son inaceptables", ha enfatizado.
Asturias cuenta con 263 altos cargos protegidos con algún tipo de aforamiento
El presidente del Principado, los consejeros, los diputados de la Junta, jueces y fiscales gozan de distintos privilegios en caso de cometer delitos
LNE-Oviedo, Marcos PALICIO Diferentes versiones del aforamiento protegen en Asturias a 263 cargos políticos y judiciales. El paraguas del fuero, que tiene una casuística interna muy ramificada y que fundamentalmente se sustancia en que las personas resguardadas por él sólo pueden ser juzgadas en determinados supuestos por instancias judiciales de un rango superior al de los tribunales ordinarios, abarca básicamente a diputados y miembros del Gobierno en la esquina de la política y a jueces y magistrados en la de la administración de justicia. La lista se distribuye de modo desigual, toda vez que de esos 263 aforados que ejercen en Asturias o en representación de la región sólo aproximadamente una cuarta parte, 62, son cargos políticos: los 45 parlamentarios autonómicos, los cinco consejeros del Gobierno regional que no son a la vez diputados en la Junta, los ocho asturianos con escaño en el Congreso y los cuatro senadores. A ellos habría que añadir 150 jueces y 51 fiscales, pero haciendo constar los matices que el fuero, según lo previsto en la legislación vigente, introduce en cada cargo específico, porque no todos los aforados están protegidos igual.
El artículo del Estatuto de Autonomía del Principado que regula esta figura legal establece que es el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) la instancia competente para decidir sobre "la inculpación, procesamiento o juicio" de los 45 diputados autonómicos por los actos delictivos que pudieran cometer dentro del territorio de la región. Fuera de él, esa responsabilidad será exigible ante el Tribunal Supremo, en ningún caso en los tribunales ordinarios que les corresponderían como ciudadanos. La norma superior de la comunidad autónoma atribuye el mismo status jurídico al presidente del Principado y a los consejeros, y además distingue a los parlamentarios con otra prerrogativa adicional. "Durante su mandato", dice el artículo 26, los diputados "no podrán ser detenidos ni retenidos por los actos delictivos cometidos en el territorio de Asturias, salvo en caso de flagrante delito". A ellos se les aplica así un privilegio análogo al que la Constitución asigna a diputados y senadores, que además, según el artículo 71 de la Carta Magna, "no podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva".
Los representantes en el Congreso y el Senado, por lo demás, deben ser juzgados directamente por el Tribunal Supremo cuando lo enjuiciado sean "hechos realizados en el ejercicio de su cargo", aclara la ley Orgánica del Poder Judicial. Lo mismo sucedería, en el ámbito de los cargos judiciales, con posibles delitos cometidos por el presidente y los magistrados del TSJA y la Fiscal Superior de Asturias. El resto de jueces, magistrados y fiscales responden directamente ante el TSJA. El aforamiento privilegia asimismo en sus diferentes versiones a otros asturianos con cargos en la carrera judicial o en diferentes organismos, como los vocales del Consejo General del Poder Judicial -lo es el exdiputado socialista Álvaro Cuesta-, magistrados, fiscales, consejeros del Tribunal de Cuentas -como el ovetense Manuel Aznar- o del Consejo de Estado, donde ejercen, entre otros, Alberto Aza, Benigno Pendás y Amelia Valcárcel.
Ese recuento somero es parte de la porción asturiana en un reparto de privilegios que ha generado suspicacias de diversa índole y más de una duda respecto a su legitimidad. Miguel Presno, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Oviedo, afirma que el aforamiento no tiene en la España de hoy "ninguna razón de ser".
El caso es que la prerrogativa nació en un país en tránsito hacia los hábitos democráticos, donde "se trataba de asegurar que las causas contra los políticos fueran juzgadas por órganos que se suponía que estaban menos influenciados o presionados que un tribunal de rango inferior", pero ha perdido su sentido con el paso del tiempo, añade el constitucionalista. Y no sólo por una cuestión de justicia. También porque es un privilegio relativo, opina Presno, desde el momento en que el aforado "pierde el derecho a un recurso. Si te juzga el Tribunal Supremo, no cabe apelación", afirma. Y aquí lo preocupante son algunas consecuencias del aforamiento que se dan cuando, por ejemplo, "arrastra a personas que no son aforadas, que pueden estar implicadas en el delito de un aforado y que también pueden ver que se les va una opción de recurso". El problema es que "hablando de una manera gruesa", concluye, "podemos decir que todos somos potencialmente aforados".
La normativa
Estatuto de Autonomía
Artículo 26 (sobre los miembros de la Junta General del Principado): "Durante su mandato no podrán ser detenidos ni retenidos por los actos delictivos cometidos en el territorio de Asturias, sino en caso de flagrante delito, correspondiendo decidir en todo caso sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio al Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma. Fuera de dicho territorio la responsabilidad penal será exigible, en los mismos términos, ante el Tribunal Supremo".
Artículo 35 bis: "La responsabilidad penal del presidente del Principado y de los miembros del Consejo de Gobierno será exigible ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias por los actos cometidos en el territorio del Principado. Fuera de éste, la responsabilidad penal será exigible ante el Tribunal Supremo".
Ley Orgánica del Poder Judicial
"La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo conocerá: de las demandas de responsabilidad civil, por hechos realizados en el ejercicio de su cargo, dirigidas contra el presidente del Gobierno, presidentes del Congreso y del Senado, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, presidente del Tribunal Constitucional, miembros del Gobierno, diputados y senadores, vocales del Consejo General del Poder Judicial, magistrados del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, presidentes de la Audiencia Nacional y de cualquiera de sus Salas y de los Tribunales Superiores de Justicia, fiscal general del Estado, fiscales de sala del Tribunal Supremo, presidente y consejeros del Tribunal de Cuentas, presidente y consejeros del Consejo de Estado...
"De las demandas de responsabilidad civil dirigidas contra magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia por hechos realizados en el ejercicio de sus cargos".
"La sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia conocerá: de las demandas de responsabilidad civil, por hechos cometidos en el ejercicio de su cargo, contra todos o la mayor parte de los magistrados de una Audiencia Provincial o de cualesquiera de sus secciones".
El presidente del Principado, los consejeros, los diputados de la Junta, jueces y fiscales gozan de distintos privilegios en caso de cometer delitos
LNE-Oviedo, Marcos PALICIO Diferentes versiones del aforamiento protegen en Asturias a 263 cargos políticos y judiciales. El paraguas del fuero, que tiene una casuística interna muy ramificada y que fundamentalmente se sustancia en que las personas resguardadas por él sólo pueden ser juzgadas en determinados supuestos por instancias judiciales de un rango superior al de los tribunales ordinarios, abarca básicamente a diputados y miembros del Gobierno en la esquina de la política y a jueces y magistrados en la de la administración de justicia. La lista se distribuye de modo desigual, toda vez que de esos 263 aforados que ejercen en Asturias o en representación de la región sólo aproximadamente una cuarta parte, 62, son cargos políticos: los 45 parlamentarios autonómicos, los cinco consejeros del Gobierno regional que no son a la vez diputados en la Junta, los ocho asturianos con escaño en el Congreso y los cuatro senadores. A ellos habría que añadir 150 jueces y 51 fiscales, pero haciendo constar los matices que el fuero, según lo previsto en la legislación vigente, introduce en cada cargo específico, porque no todos los aforados están protegidos igual.
El artículo del Estatuto de Autonomía del Principado que regula esta figura legal establece que es el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) la instancia competente para decidir sobre "la inculpación, procesamiento o juicio" de los 45 diputados autonómicos por los actos delictivos que pudieran cometer dentro del territorio de la región. Fuera de él, esa responsabilidad será exigible ante el Tribunal Supremo, en ningún caso en los tribunales ordinarios que les corresponderían como ciudadanos. La norma superior de la comunidad autónoma atribuye el mismo status jurídico al presidente del Principado y a los consejeros, y además distingue a los parlamentarios con otra prerrogativa adicional. "Durante su mandato", dice el artículo 26, los diputados "no podrán ser detenidos ni retenidos por los actos delictivos cometidos en el territorio de Asturias, salvo en caso de flagrante delito". A ellos se les aplica así un privilegio análogo al que la Constitución asigna a diputados y senadores, que además, según el artículo 71 de la Carta Magna, "no podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva".
Los representantes en el Congreso y el Senado, por lo demás, deben ser juzgados directamente por el Tribunal Supremo cuando lo enjuiciado sean "hechos realizados en el ejercicio de su cargo", aclara la ley Orgánica del Poder Judicial. Lo mismo sucedería, en el ámbito de los cargos judiciales, con posibles delitos cometidos por el presidente y los magistrados del TSJA y la Fiscal Superior de Asturias. El resto de jueces, magistrados y fiscales responden directamente ante el TSJA. El aforamiento privilegia asimismo en sus diferentes versiones a otros asturianos con cargos en la carrera judicial o en diferentes organismos, como los vocales del Consejo General del Poder Judicial -lo es el exdiputado socialista Álvaro Cuesta-, magistrados, fiscales, consejeros del Tribunal de Cuentas -como el ovetense Manuel Aznar- o del Consejo de Estado, donde ejercen, entre otros, Alberto Aza, Benigno Pendás y Amelia Valcárcel.
Ese recuento somero es parte de la porción asturiana en un reparto de privilegios que ha generado suspicacias de diversa índole y más de una duda respecto a su legitimidad. Miguel Presno, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Oviedo, afirma que el aforamiento no tiene en la España de hoy "ninguna razón de ser".
El caso es que la prerrogativa nació en un país en tránsito hacia los hábitos democráticos, donde "se trataba de asegurar que las causas contra los políticos fueran juzgadas por órganos que se suponía que estaban menos influenciados o presionados que un tribunal de rango inferior", pero ha perdido su sentido con el paso del tiempo, añade el constitucionalista. Y no sólo por una cuestión de justicia. También porque es un privilegio relativo, opina Presno, desde el momento en que el aforado "pierde el derecho a un recurso. Si te juzga el Tribunal Supremo, no cabe apelación", afirma. Y aquí lo preocupante son algunas consecuencias del aforamiento que se dan cuando, por ejemplo, "arrastra a personas que no son aforadas, que pueden estar implicadas en el delito de un aforado y que también pueden ver que se les va una opción de recurso". El problema es que "hablando de una manera gruesa", concluye, "podemos decir que todos somos potencialmente aforados".
La normativa
Estatuto de Autonomía
Artículo 26 (sobre los miembros de la Junta General del Principado): "Durante su mandato no podrán ser detenidos ni retenidos por los actos delictivos cometidos en el territorio de Asturias, sino en caso de flagrante delito, correspondiendo decidir en todo caso sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio al Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma. Fuera de dicho territorio la responsabilidad penal será exigible, en los mismos términos, ante el Tribunal Supremo".
Artículo 35 bis: "La responsabilidad penal del presidente del Principado y de los miembros del Consejo de Gobierno será exigible ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias por los actos cometidos en el territorio del Principado. Fuera de éste, la responsabilidad penal será exigible ante el Tribunal Supremo".
Ley Orgánica del Poder Judicial
"La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo conocerá: de las demandas de responsabilidad civil, por hechos realizados en el ejercicio de su cargo, dirigidas contra el presidente del Gobierno, presidentes del Congreso y del Senado, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, presidente del Tribunal Constitucional, miembros del Gobierno, diputados y senadores, vocales del Consejo General del Poder Judicial, magistrados del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, presidentes de la Audiencia Nacional y de cualquiera de sus Salas y de los Tribunales Superiores de Justicia, fiscal general del Estado, fiscales de sala del Tribunal Supremo, presidente y consejeros del Tribunal de Cuentas, presidente y consejeros del Consejo de Estado...
"De las demandas de responsabilidad civil dirigidas contra magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia por hechos realizados en el ejercicio de sus cargos".
"La sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia conocerá: de las demandas de responsabilidad civil, por hechos cometidos en el ejercicio de su cargo, contra todos o la mayor parte de los magistrados de una Audiencia Provincial o de cualesquiera de sus secciones".
CONDENADO A TRES AÑOS DE CÁRCEL UN NEUROCIRUJANO DEL HUCA
EFE | OVIEDO
El Tribunal Supremo ha ratificado la condena de tres años de prisión para un neurocirujano del HUCA por falsear el historial clínico de un paciente. Desestima así el recurso que el facultativo había presentado contra el fallo de la Audiencia Provincial de Oviedo que le imponía, además, una multa de 1.440 euros y dos años de inhabilitación para cargo público.
Los hechos se remontan a 2005 y 2006. El demandante fue atendido en dos ocasiones por el neurocirujano A. L. C. V., contra el que presentó una reclamación administrativa en el Servicio de Salud (Sespa) por mala praxis en el diagnóstico y tratamiento de sus dolencias.
Ante la apertura del expediente, el facultativo añadió más de dos años después una anotación de su puño y letra a la hoja de curso clínico de 17 de febrero de 2006 en la que advertía que, de empeorar la situación del paciente, debería pedir consulta para cirugía. Además, el informe elaborado por el neurocirujano señalaba que el paciente había sido advertido de esta circunstancia sin que éste la hubiera verificado, lo que llevó a desestimar el expediente abierto y al paciente a presentar una demanda ante los tribunales.
Según la sentencia, el acusado pretendía exonerarse así de una responsabilidad profesional aunque estuviera convencido de que no afectaba a la esencia de la historia clínica del paciente, «pero no previó que tales anotaciones podrían producir efectos jurídicos de otro orden distintos a la salud de las personas».
El Tribunal Supremo ha ratificado la condena de tres años de prisión para un neurocirujano del HUCA por falsear el historial clínico de un paciente. Desestima así el recurso que el facultativo había presentado contra el fallo de la Audiencia Provincial de Oviedo que le imponía, además, una multa de 1.440 euros y dos años de inhabilitación para cargo público.
Los hechos se remontan a 2005 y 2006. El demandante fue atendido en dos ocasiones por el neurocirujano A. L. C. V., contra el que presentó una reclamación administrativa en el Servicio de Salud (Sespa) por mala praxis en el diagnóstico y tratamiento de sus dolencias.
Ante la apertura del expediente, el facultativo añadió más de dos años después una anotación de su puño y letra a la hoja de curso clínico de 17 de febrero de 2006 en la que advertía que, de empeorar la situación del paciente, debería pedir consulta para cirugía. Además, el informe elaborado por el neurocirujano señalaba que el paciente había sido advertido de esta circunstancia sin que éste la hubiera verificado, lo que llevó a desestimar el expediente abierto y al paciente a presentar una demanda ante los tribunales.
Según la sentencia, el acusado pretendía exonerarse así de una responsabilidad profesional aunque estuviera convencido de que no afectaba a la esencia de la historia clínica del paciente, «pero no previó que tales anotaciones podrían producir efectos jurídicos de otro orden distintos a la salud de las personas».
Presunta infracción por manifestarse con la entrega de los premios Príncipe de Asturias
L.N.E - A.S
La Policía Nacional denunció a varias personas por manifestarse en varios actos relacionados con la entrega de los premios Príncipe de Asturias el pasado mes de octubre, en la plaza de la Gesta y delante del teatro Campoamor. Les acusaba de haber superado los decibelios permitidos y haber protestado sin permiso. El Ayuntamiento ahora les informa de la apertura de diligencias preliminares sobre una presunta infracción a la Ordenanza de Ruidos y que pueden alegar en un plazo de 15 días.
La Policía Nacional denunció a varias personas por manifestarse en varios actos relacionados con la entrega de los premios Príncipe de Asturias el pasado mes de octubre, en la plaza de la Gesta y delante del teatro Campoamor. Les acusaba de haber superado los decibelios permitidos y haber protestado sin permiso. El Ayuntamiento ahora les informa de la apertura de diligencias preliminares sobre una presunta infracción a la Ordenanza de Ruidos y que pueden alegar en un plazo de 15 días.
La Junta aprueba su terna de candidatos al TSJA entre las críticas de UPyD
LNE
Oviedo, Á. F. El notario Ángel Aznárez y el juez Rafael Abril, propuestos por el PSOE, y la abogada Carmen Landeira, como elección de IU, formarán la terna de candidatos de la Junta General para cubrir la vacante que el fallecido José Manuel Buján dejó en la Sala de lo civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA). Sin la participación de Foro, PP y UPyD, sólo faltaba el trámite parlamentario para enviar el grupo de candidatos al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que decidirá en última instancia.
La terna prosperó con los votos socialistas y de la coalición, la abstención de foristas y populares y la única negativa de UPyD, que envolvió su rechazo en críticas, especialmente en cuanto a la elección de Rafael Abril, los dos últimos años juez en Torrelavega. «Bordea el fraude de ley con un uso torticero de la norma que vulnera su espíritu, pues es la primera vez que se aprueba una terna con un miembro de la carrera judicial». Prendes entiende que Rafael Abril se salta de esta manera los mecanismos de promoción previstos para los jueces y que se practica la «ocupación política» del poder judicial. El diputado magenta contactó ayer con uno de los integrantes de la terna para justificar su decisión por la línea política de UPyD, que esta misma semana se mantuvo en el Congreso al margen de la elección del nuevo CGPJ.
Oviedo, Á. F. El notario Ángel Aznárez y el juez Rafael Abril, propuestos por el PSOE, y la abogada Carmen Landeira, como elección de IU, formarán la terna de candidatos de la Junta General para cubrir la vacante que el fallecido José Manuel Buján dejó en la Sala de lo civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA). Sin la participación de Foro, PP y UPyD, sólo faltaba el trámite parlamentario para enviar el grupo de candidatos al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que decidirá en última instancia.
La terna prosperó con los votos socialistas y de la coalición, la abstención de foristas y populares y la única negativa de UPyD, que envolvió su rechazo en críticas, especialmente en cuanto a la elección de Rafael Abril, los dos últimos años juez en Torrelavega. «Bordea el fraude de ley con un uso torticero de la norma que vulnera su espíritu, pues es la primera vez que se aprueba una terna con un miembro de la carrera judicial». Prendes entiende que Rafael Abril se salta de esta manera los mecanismos de promoción previstos para los jueces y que se practica la «ocupación política» del poder judicial. El diputado magenta contactó ayer con uno de los integrantes de la terna para justificar su decisión por la línea política de UPyD, que esta misma semana se mantuvo en el Congreso al margen de la elección del nuevo CGPJ.
Los jueces rechazan que sus sentencias sean de peor calidad como dicen los abogados
Los magistrados del TSJA aseguran que las acusaciones son «injustas» y que la caída de recursos por las tasas no influye en su profesionalidad
Oviedo, Félix VALLINA Las últimas declaraciones del decano del Colegio de Abogados de Oviedo -en las que acusó a los jueces de primera instancia de emitir sentencias «de peor calidad» y «con errores jurídicos manifiestos» desde que comenzaron a aplicarse las tasas judiciales y entró en vigor la reforma procesal que impide recurrir en apelación las sentencias de juicios verbales con cuantías de menos de 3.000 euros- han sentado como un tiro a los magistrados. Enrique Valdés afirmó que «los jueces de primera instancia pueden decir ahora lo que quieran porque saben que no va a haber recurso» contra sus decisiones, aseguró que las tarifas necesarias para apelar, sobre todo la vía civil, echan para atrás a los ciudadanos para continuar con los procesos aunque las sentencias sean «mejorables» y están «poco trabajadas» por falta de motivación, unas manifestaciones que son «inapropiadas» para la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) y que han provocado una rápida reacción de los jueces.
«Aunque las declaraciones parecen realizadas a título particular, resultan, cuando menos, inapropiadas desde la posición institucional que representa el señor Valdés Joglar, pues los órganos de gobierno del Poder Judicial en Asturias siempre han mantenido un exquisito y prudente respeto con el quehacer profesional de los letrados en todas sus facetas profesionales», recoge un escrito hecho público ayer por los miembros de la sala de gobierno del TSJA. «Sus declaraciones, al generalizar, son manifiestamente injustas, pues es notorio que los jueces y magistrados que resuelven en primera instancia, quienes desarrollan una función muy compleja, son los primeros interesados en que sus resoluciones sean contrastadas por las instancias superiores en garantía de los derechos controvertidos de los justiciables y de la seguridad jurídica», señala el comunicado.
Los jueces le recuerdan a Valdés que ellos continúan desarrollando su trabajo exactamente igual que antes de la aplicación de las tasas y de que disminuyera el número de recursos en apelación. Además, afirman que ellos también se han posicionado en contra de unas tarifas que consideran abusivas. «Si se trata de reaccionar contra el establecimiento de las tasas judiciales o, en su caso, quiere manifestar que las cuantías establecidas resultan desproporcionadas, es evidente que no son los jueces y magistrados de la región los responsables de tal decisión», recoge el texto. Y añade: «Muy al contrario, el decano de los abogados ovetenses es conocedor de primera mano de que siempre que fue requerida la solidaridad del colectivo judicial a la hora de visibilizar la discrepancia con el establecimiento de estas tasas la obtuvo en el marco habitual de colaboración que ha presidido, hasta el momento, la relación institucional entre los dos colectivos».
A título particular, algunos jueces también han querido ofrecer su punto de vista tras las declaraciones de Enrique Valdés. Algunos fueron tajantes, como Luis Ortiz, delegado en Asturias de la Asociación de Jueces «Francisco de Vitoria» y titular del Juzgado de primera instancia e instrucción número 3 de Langreo: «En mi caso, yo sigo haciendo las sentencias exactamente igual que las hacía antes de los cambios; en caso contrario estaría actuando de forma completamente inadecuada y no cumpliría con mi deber, que es darle una solución al ciudadano. Que haya tasas o que haya aspectos en los que la ley dice que no cabe apelación no me condiciona a la hora de trabajar y no me consta que ocurra con otros compañeros», asegura. Para Ortiz, «las declaraciones son frívolas y sorprendentes y no se corresponden con la realidad».
El asturiano Rafael Abril Manso, ahora en un Juzgado de primera instancia de Torrelavega, mantiene el mismo discurso que su colega. «No sé si habrá leído muchas sentencias de otros compañeros y tiene criterio para decir lo que ha declarado, pero, desde luego, yo sigo actuando con el mismo rigor», explica. «En principio, me parece una metedura de pata del señor Valdés Joglar», ya que «nosotros también estamos en contra de algunas tasas que se están aplicando, que son un atropello, pero eso no afecta para nada a nuestra profesionalidad».
Eduardo García Valtueña, titular del Juzgado de primera instancia número 11 de Oviedo, está de acuerdo con los abogados a la hora de señalar que los ciudadanos «han visto recortado su derecho de acceso a la justicia» con la entrada en vigor de las tasas «abusivas» y con los cambios establecidos en los procesos en los que están en juego menos de 3.000 euros, pero no comparte «que se individualice el problema y que se diga que las sentencias de los jueces son de baja calidad». García Valtueña sostiene: «En primera instancia se trabaja igual que en otros tribunales superiores, los profesionales tratamos de hacer siempre las cosas lo mejor que sabemos».
El juez de primera instancia e instrucción de Luarca y portavoz en Asturias de Jueces para la Democracia también critica «el recorte de los derechos de los ciudadanos» por las tasas y considera que los procesos deberían tener al menos «doble instancia» gratuita. No obstante, «las declaraciones de Valdés Joglar son subjetivas, porque habrá quien a nivel individual haya bajado la calidad y habrá quien no».
«Las declaraciones son frívolas y sorprendentes. No se corresponden con la realidad»
<Luis Ortiz Vigil
>
Langreo número 3
«Es una metedura de pata. Desde luego, yo sigo trabajando con el mismo rigor»
<Rafael Abril Manso
>
Torrelavega número 2
«Habrá quien haya bajado la calidad de sus escritos, pero eso es muy subjetivo»
<Julio Martínez
Oviedo, Félix VALLINA Las últimas declaraciones del decano del Colegio de Abogados de Oviedo -en las que acusó a los jueces de primera instancia de emitir sentencias «de peor calidad» y «con errores jurídicos manifiestos» desde que comenzaron a aplicarse las tasas judiciales y entró en vigor la reforma procesal que impide recurrir en apelación las sentencias de juicios verbales con cuantías de menos de 3.000 euros- han sentado como un tiro a los magistrados. Enrique Valdés afirmó que «los jueces de primera instancia pueden decir ahora lo que quieran porque saben que no va a haber recurso» contra sus decisiones, aseguró que las tarifas necesarias para apelar, sobre todo la vía civil, echan para atrás a los ciudadanos para continuar con los procesos aunque las sentencias sean «mejorables» y están «poco trabajadas» por falta de motivación, unas manifestaciones que son «inapropiadas» para la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) y que han provocado una rápida reacción de los jueces.
«Aunque las declaraciones parecen realizadas a título particular, resultan, cuando menos, inapropiadas desde la posición institucional que representa el señor Valdés Joglar, pues los órganos de gobierno del Poder Judicial en Asturias siempre han mantenido un exquisito y prudente respeto con el quehacer profesional de los letrados en todas sus facetas profesionales», recoge un escrito hecho público ayer por los miembros de la sala de gobierno del TSJA. «Sus declaraciones, al generalizar, son manifiestamente injustas, pues es notorio que los jueces y magistrados que resuelven en primera instancia, quienes desarrollan una función muy compleja, son los primeros interesados en que sus resoluciones sean contrastadas por las instancias superiores en garantía de los derechos controvertidos de los justiciables y de la seguridad jurídica», señala el comunicado.
Los jueces le recuerdan a Valdés que ellos continúan desarrollando su trabajo exactamente igual que antes de la aplicación de las tasas y de que disminuyera el número de recursos en apelación. Además, afirman que ellos también se han posicionado en contra de unas tarifas que consideran abusivas. «Si se trata de reaccionar contra el establecimiento de las tasas judiciales o, en su caso, quiere manifestar que las cuantías establecidas resultan desproporcionadas, es evidente que no son los jueces y magistrados de la región los responsables de tal decisión», recoge el texto. Y añade: «Muy al contrario, el decano de los abogados ovetenses es conocedor de primera mano de que siempre que fue requerida la solidaridad del colectivo judicial a la hora de visibilizar la discrepancia con el establecimiento de estas tasas la obtuvo en el marco habitual de colaboración que ha presidido, hasta el momento, la relación institucional entre los dos colectivos».
A título particular, algunos jueces también han querido ofrecer su punto de vista tras las declaraciones de Enrique Valdés. Algunos fueron tajantes, como Luis Ortiz, delegado en Asturias de la Asociación de Jueces «Francisco de Vitoria» y titular del Juzgado de primera instancia e instrucción número 3 de Langreo: «En mi caso, yo sigo haciendo las sentencias exactamente igual que las hacía antes de los cambios; en caso contrario estaría actuando de forma completamente inadecuada y no cumpliría con mi deber, que es darle una solución al ciudadano. Que haya tasas o que haya aspectos en los que la ley dice que no cabe apelación no me condiciona a la hora de trabajar y no me consta que ocurra con otros compañeros», asegura. Para Ortiz, «las declaraciones son frívolas y sorprendentes y no se corresponden con la realidad».
El asturiano Rafael Abril Manso, ahora en un Juzgado de primera instancia de Torrelavega, mantiene el mismo discurso que su colega. «No sé si habrá leído muchas sentencias de otros compañeros y tiene criterio para decir lo que ha declarado, pero, desde luego, yo sigo actuando con el mismo rigor», explica. «En principio, me parece una metedura de pata del señor Valdés Joglar», ya que «nosotros también estamos en contra de algunas tasas que se están aplicando, que son un atropello, pero eso no afecta para nada a nuestra profesionalidad».
Eduardo García Valtueña, titular del Juzgado de primera instancia número 11 de Oviedo, está de acuerdo con los abogados a la hora de señalar que los ciudadanos «han visto recortado su derecho de acceso a la justicia» con la entrada en vigor de las tasas «abusivas» y con los cambios establecidos en los procesos en los que están en juego menos de 3.000 euros, pero no comparte «que se individualice el problema y que se diga que las sentencias de los jueces son de baja calidad». García Valtueña sostiene: «En primera instancia se trabaja igual que en otros tribunales superiores, los profesionales tratamos de hacer siempre las cosas lo mejor que sabemos».
El juez de primera instancia e instrucción de Luarca y portavoz en Asturias de Jueces para la Democracia también critica «el recorte de los derechos de los ciudadanos» por las tasas y considera que los procesos deberían tener al menos «doble instancia» gratuita. No obstante, «las declaraciones de Valdés Joglar son subjetivas, porque habrá quien a nivel individual haya bajado la calidad y habrá quien no».
«Las declaraciones son frívolas y sorprendentes. No se corresponden con la realidad»
<Luis Ortiz Vigil
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Langreo número 3
«Es una metedura de pata. Desde luego, yo sigo trabajando con el mismo rigor»
<Rafael Abril Manso
>
Torrelavega número 2
«Habrá quien haya bajado la calidad de sus escritos, pero eso es muy subjetivo»
<Julio Martínez
Los partidos reciben 232.724 euros al mes de la Junta aparte del dinero del Estado
El Parlamento asturiano subvenciona los «gastos de funcionamiento» de los grupos además de sufragar los salarios de su personal y los pagos corrientes
05.06.2013
Oviedo, M. P. Los cinco grupos parlamentarios con representación en la Junta General del Principado se reparten todos los meses, sueldos de diputados y asesores aparte, 232.724 euros en asignaciones de dinero público, subvenciones en concepto de «gastos de funcionamiento». Este dinero de la Junta es independiente de las subvenciones que los partidos con representación en el Congreso de los Diputados reciben del Ministerio del Interior, que en el primer trimestre ascendieron a más de 13 millones de euros.
La partida de la Junta, de uso discrecional pero de obligada justificación al final de cada ejercicio ante el interventor del Parlamento, compromete en total 2,79 millones de euros al año y debe destinarse a tres encomiendas básicas: la financiación de la organización del grupo y de la actividad parlamentaria, así como gastos de comunicación.
Bajo la ambigüedad de esta triple recomendación se abre una extensa casuística de opciones de gasto, pero de las afirmaciones de los grupos, unas más precisas que otras, se sigue que en la práctica una porción significativa de las asignaciones acaba en manos de los partidos, una posibilidad ésta perfectamente legal y expresamente prevista en el artículo 2 de la ley de financiación de las formaciones políticas. La legitimidad del procedimiento no ha impedido que en su día destacados juristas y politólogos consultados por LA NUEVA ESPAÑA identificasen en este trasvase de fondos una prueba de la existencia de «una perversión de la ley», en la terminología del catedrático de Derecho Constitucional Francisco Bastida, o «una distorsión del dinero institucional» al decir de Miguel Ángel Presno, profesor titular de la misma materia.
Esta discusión acerca de la conveniencia de sostener a los partidos con dinero público ha rebrotado desde que el primer ministro italiano, Enrico Letta, anunció la semana pasada su intención de suprimir progresivamente la financiación pública de las formaciones políticas. En España, los grupos con representación en el Congreso se repartirán 66,2 millones de euros este año, una partida rebajada a la mitad desde los 113,7 que se le destinaron en 2012. En Asturias, los 2,79 millones de euros anuales de relativa libre disposición llegarán a las arcas de los grupos una vez al margen de los salarios de su personal y de la práctica totalidad de los gastos comunes, como los suministros y el mantenimiento de sus locales en la Junta, que ya están cubiertos por otras partidas.
A la cuestión que se suscita de inmediato sobre el destino de esos fondos no responden categóricamente todas las formaciones del Parlamento autonómico, pero de las justificaciones que sí se dan se infiere un traslado más o menos masivo a la financiación de los partidos. El reparto se organiza en función de la representación en la Cámara y el procedimiento elegido por el Grupo Socialista, el que más recibe por este concepto -70.245 euros al mes-, es el envío del dinero a una «caja única» de la que se nutren tanto la formación parlamentaria como la Federación Socialista Asturiana. Ambos utilizan esa cuenta común para sufragar su actividad política, aclaran.
El Grupo Popular ha reconocido que algo menos de la mitad de su asignación mensual se va directamente al partido. Son, en concreto, 24.000 de los 52.745 euros que le corresponden como tercera fuerza más votada tras los socialistas y Foro Asturias -que percibe 57.745 euros en asignaciones-. Con lo que le queda, el PP dice pagar dictámenes de expertos, suscripciones a diarios y revistas, visitas a concejos vinculadas con la actividad parlamentaria, el contrato de una trabajadora y cursos de formación para diputados.
De los demás grupos, los que facilitan algún detalle sobre el destino que dan a sus asignaciones aseguran que el procedimiento «se fundamenta» en la ley de financiación de partidos (IU) o que se dedica a correr con los gastos «de la actividad política del grupo parlamentario y del partido en Asturias» (UPyD).
El modo de empleo del dinero debe contar, eso sí, con el visto bueno del interventor de la Junta, ante el que los grupos están obligados a acreditar que el destino de los recursos obtenidos encaja en alguno de los supuestos previstos.
05.06.2013
Oviedo, M. P. Los cinco grupos parlamentarios con representación en la Junta General del Principado se reparten todos los meses, sueldos de diputados y asesores aparte, 232.724 euros en asignaciones de dinero público, subvenciones en concepto de «gastos de funcionamiento». Este dinero de la Junta es independiente de las subvenciones que los partidos con representación en el Congreso de los Diputados reciben del Ministerio del Interior, que en el primer trimestre ascendieron a más de 13 millones de euros.
La partida de la Junta, de uso discrecional pero de obligada justificación al final de cada ejercicio ante el interventor del Parlamento, compromete en total 2,79 millones de euros al año y debe destinarse a tres encomiendas básicas: la financiación de la organización del grupo y de la actividad parlamentaria, así como gastos de comunicación.
Bajo la ambigüedad de esta triple recomendación se abre una extensa casuística de opciones de gasto, pero de las afirmaciones de los grupos, unas más precisas que otras, se sigue que en la práctica una porción significativa de las asignaciones acaba en manos de los partidos, una posibilidad ésta perfectamente legal y expresamente prevista en el artículo 2 de la ley de financiación de las formaciones políticas. La legitimidad del procedimiento no ha impedido que en su día destacados juristas y politólogos consultados por LA NUEVA ESPAÑA identificasen en este trasvase de fondos una prueba de la existencia de «una perversión de la ley», en la terminología del catedrático de Derecho Constitucional Francisco Bastida, o «una distorsión del dinero institucional» al decir de Miguel Ángel Presno, profesor titular de la misma materia.
Esta discusión acerca de la conveniencia de sostener a los partidos con dinero público ha rebrotado desde que el primer ministro italiano, Enrico Letta, anunció la semana pasada su intención de suprimir progresivamente la financiación pública de las formaciones políticas. En España, los grupos con representación en el Congreso se repartirán 66,2 millones de euros este año, una partida rebajada a la mitad desde los 113,7 que se le destinaron en 2012. En Asturias, los 2,79 millones de euros anuales de relativa libre disposición llegarán a las arcas de los grupos una vez al margen de los salarios de su personal y de la práctica totalidad de los gastos comunes, como los suministros y el mantenimiento de sus locales en la Junta, que ya están cubiertos por otras partidas.
A la cuestión que se suscita de inmediato sobre el destino de esos fondos no responden categóricamente todas las formaciones del Parlamento autonómico, pero de las justificaciones que sí se dan se infiere un traslado más o menos masivo a la financiación de los partidos. El reparto se organiza en función de la representación en la Cámara y el procedimiento elegido por el Grupo Socialista, el que más recibe por este concepto -70.245 euros al mes-, es el envío del dinero a una «caja única» de la que se nutren tanto la formación parlamentaria como la Federación Socialista Asturiana. Ambos utilizan esa cuenta común para sufragar su actividad política, aclaran.
El Grupo Popular ha reconocido que algo menos de la mitad de su asignación mensual se va directamente al partido. Son, en concreto, 24.000 de los 52.745 euros que le corresponden como tercera fuerza más votada tras los socialistas y Foro Asturias -que percibe 57.745 euros en asignaciones-. Con lo que le queda, el PP dice pagar dictámenes de expertos, suscripciones a diarios y revistas, visitas a concejos vinculadas con la actividad parlamentaria, el contrato de una trabajadora y cursos de formación para diputados.
De los demás grupos, los que facilitan algún detalle sobre el destino que dan a sus asignaciones aseguran que el procedimiento «se fundamenta» en la ley de financiación de partidos (IU) o que se dedica a correr con los gastos «de la actividad política del grupo parlamentario y del partido en Asturias» (UPyD).
El modo de empleo del dinero debe contar, eso sí, con el visto bueno del interventor de la Junta, ante el que los grupos están obligados a acreditar que el destino de los recursos obtenidos encaja en alguno de los supuestos previstos.
EL PRINCIPADO CONFÍA EN QUE LA PROPUESTA DE LOS MÉDICOS «FAVOREZCA EL DIÁLOGO»
LNE
Una asociación de pacientes pide que se devuelvan las competencias al Estado
Oviedo,
P. GALLEGO / P. RUBIERA
El consejero de la Presidencia y portavoz del gobierno asturiano, Guillermo Martínez, confía en que la propuesta de pacto que prepara el Sindicato Médico Profesional de Asturias (SIMPA), que intenta «garantizar el ahorro» que pretende la Consejería de Sanidad, «favorezca el diálogo». «Bienvenidas todas las iniciativas que ayuden a la búsqueda de soluciones», añadió.
La modificación de jornada impuesta por el Principado en la sanidad pública, ha originado un serio conflicto laboral que ha alterado el funcionamiento de los centros y hospitales a lo largo del mes de octubre, y existe ya la amenaza de que se prolongue en noviembre. Los médicos han convocado otros 12 días más de huelga este mes y los otros cuatro sindicatos que se mantienen en conflicto -CC OO, SATSE, USAE y SICEPA-USIPA- finalizarán una huelga el próximo día 5 y, en caso de no llegar a un acuerdo con el Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa), convocarán otros cuatro días.
El sindicato médico anunció el pasado martes que está ultimando una propuesta que garantiza la sostenibilidad del sistema «y no afecta ni al empleo ni a las condiciones laborales del personal», y la presentará antes del 6 de noviembre, fecha de inicio de nuevos paros.
Guillermo Martínez afirmó ayer que esperan con «interés» el plan y que el Ejecutivo siempre ha solicitado a los sindicatos «propuestas constructivas y no medidas de presión que dificulten el entendimiento». El planteamiento que haga el SIMPA, dijo, puede favorecer la interlocución e incluso el acuerdo, «pero debe hacerse en base a la viabilidad del servicio».
Los representantes de los médicos ya avanzaron hace unas semanas, en un encuentro con los medios, que los 15 millones que el ejecutivo regional pretende ahorrar con estos cambios, se podían lograr «con facilidad». En aquel momento hablaron de prorratear esa cantidad entre todo el personal del Sespa.
En Castilla y León, el gobierno y el sindicato médico firmaron ayer un acuerdo por el que la Administración se compromete a no rebajar las retribuciones actuales de los facultativos a cambio de que se comprometan a hacer más eficiente el sistema sanitario y a contribuir a su sostenibilidad,
El Servicio de Salud convocó ayer la comisión de seguimiento del protocolo suscrito con UGT para el próximo viernes.
Por otra parte, el presidente de la Asociación de Pacientes del Servicio Sanitario Asturiano y de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos, Tomás Pérez Vior, entregó un escrito a los grupos parlamentarios en la Junta General, en el que pide la devolución de las competencias sanitarias al gobierno estatal. En el texto se propone que ningún médico o especialista trabaje más de 8 horas ininterrumpidas o de 10 con un descanso, y que los pacientes que vean anuladas sus citas en la sanidad pública sean atendidos en un centro concertado o privado.
Una asociación de pacientes pide que se devuelvan las competencias al Estado
Oviedo,
P. GALLEGO / P. RUBIERA
El consejero de la Presidencia y portavoz del gobierno asturiano, Guillermo Martínez, confía en que la propuesta de pacto que prepara el Sindicato Médico Profesional de Asturias (SIMPA), que intenta «garantizar el ahorro» que pretende la Consejería de Sanidad, «favorezca el diálogo». «Bienvenidas todas las iniciativas que ayuden a la búsqueda de soluciones», añadió.
La modificación de jornada impuesta por el Principado en la sanidad pública, ha originado un serio conflicto laboral que ha alterado el funcionamiento de los centros y hospitales a lo largo del mes de octubre, y existe ya la amenaza de que se prolongue en noviembre. Los médicos han convocado otros 12 días más de huelga este mes y los otros cuatro sindicatos que se mantienen en conflicto -CC OO, SATSE, USAE y SICEPA-USIPA- finalizarán una huelga el próximo día 5 y, en caso de no llegar a un acuerdo con el Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa), convocarán otros cuatro días.
El sindicato médico anunció el pasado martes que está ultimando una propuesta que garantiza la sostenibilidad del sistema «y no afecta ni al empleo ni a las condiciones laborales del personal», y la presentará antes del 6 de noviembre, fecha de inicio de nuevos paros.
Guillermo Martínez afirmó ayer que esperan con «interés» el plan y que el Ejecutivo siempre ha solicitado a los sindicatos «propuestas constructivas y no medidas de presión que dificulten el entendimiento». El planteamiento que haga el SIMPA, dijo, puede favorecer la interlocución e incluso el acuerdo, «pero debe hacerse en base a la viabilidad del servicio».
Los representantes de los médicos ya avanzaron hace unas semanas, en un encuentro con los medios, que los 15 millones que el ejecutivo regional pretende ahorrar con estos cambios, se podían lograr «con facilidad». En aquel momento hablaron de prorratear esa cantidad entre todo el personal del Sespa.
En Castilla y León, el gobierno y el sindicato médico firmaron ayer un acuerdo por el que la Administración se compromete a no rebajar las retribuciones actuales de los facultativos a cambio de que se comprometan a hacer más eficiente el sistema sanitario y a contribuir a su sostenibilidad,
El Servicio de Salud convocó ayer la comisión de seguimiento del protocolo suscrito con UGT para el próximo viernes.
Por otra parte, el presidente de la Asociación de Pacientes del Servicio Sanitario Asturiano y de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos, Tomás Pérez Vior, entregó un escrito a los grupos parlamentarios en la Junta General, en el que pide la devolución de las competencias sanitarias al gobierno estatal. En el texto se propone que ningún médico o especialista trabaje más de 8 horas ininterrumpidas o de 10 con un descanso, y que los pacientes que vean anuladas sus citas en la sanidad pública sean atendidos en un centro concertado o privado.
La Universidad aumenta de 79.800 a 88.200 euros el sueldo del gerente
Eusebio González tiene aprobado el incremento desde abril, cuando renovó su contrato con la incorporación de dos pagas extra
EVA MONTES El Comercio
Solo hubo un voto en contra y seis abstenciones, pero la aprobación de los presupuestos de la Universidad de Oviedo el viernes de la pasada semana está lejos de ser tranquila. El fuerte recorte en centros y departamentos, que concitó la mayor parte del debate, hizo pasar inadvertida una incordiante pregunta sobre el sueldo del gerente y un manifiesto malestar por la imposibilidad de presentar enmiendas al documento presupuestario. Pero ambos puntos han explotado días después, fuera ya del marco de un Consejo de Gobierno fuertemente controlado por el rector.
Y lo han hecho con una airada reacción de la comunidad universitaria contra la subida salarial de Eusebio González y con la solicitud de nulidad de la aprobación los presupuestos con la amenaza de recurrirlos ante el tribunal de lo contencioso administrativo.
El detonante, sobre todo entre el Personal de Administración y Servicios (PAS) y el profesorado, fue la pregunta formulada por uno de los representantes del PAS sobre la partida presupuestaria del sueldo del gerente, que reflejaba un incremento de 8.400 euros, justamente la cantidad que va desde los 79.800 que figuraban en el ejercicio anterior a los 88.200 que recoge el documento de 2013. La respuesta, proporcionada por el vicerrector de Planificación Económica, justificó el aumento salarial, en un tiempo de drásticos recortes, en la incorporación del cobro de las pagas extraordinarias, «a las que había renunciado durante los cuatro primeros años de su nombramiento y que están sujetas también al recorte que se estipule para el resto de los funcionarios», señaló Santiago Álvarez.
Cuentan los que estuvieron en el Aula Clarín que la pregunta y la respuesta no sumaron más de 15 segundos, pero en cuanto el tema llegó a los ordenadores y a las oficinas, el asunto eclosionó en una catarata de indignaciones particulares, especialmente de aquellos funcionarios que, con sueldos de 1.500 euros, han visto reducido en 200 su salario al tiempo que descubrían la subida de sueldo del gerente, cuya figura está adscrita al mismo sector de Personal de Administración y Servicios.
En vigor desde abril de 2012
Pero el hecho va más allá, porque esas condiciones están vigentes desde el mes de abril de 2012, cuando Eusebio González renovó su contrato al hilo del nuevo mandato que iniciaba Vicente Gotor con una mayoría aplastante. «Durante los primeros cuatro años renuncié a las pagas extraordinarias y también a los 4.000 euros de antigüedad que cobraba mi antecesor, al tiempo que adelgazaba drásticamente el departamento de Gerencia, así que a la hora de renovar el contrato lo que le propuse al rector fue mantener el sueldo y seguir sin la antigüedad, pero incorporar las pagas extra que no había cobrado durante los cuatro años del primer mandato», explica el gerente, mientras lamenta su «mala suerte» porque en el primer año de vigencia del nuevo contrato «la paga de julio quedó minimizada por el corto periodo de tiempo entre abril y julio, y la de diciembre no la cobré, como todos los funcionarios».
Expone en su defensa Eusebio González que «cuando llegué al cargo, en 2008, la situación económica ya era delicada y en el contrato de alta dirección que firmé me puse el mismo salario que mi predecesor, 79.800 euros, pero renuncié a los 4.000 de antigüedad y a todo el equipo con el que contaba: dos vicegerentes, dos jefes de contabilidad y dos técnicos de alta cualificación. Yo prescindí de todos, me quedé solo y ni siquiera cubrí el puesto de vicegerente hasta hace año y medio. Es un ahorro de 135.000 euros anuales durante cinco años y 60.000 más durante tres, por el cargo de vicegerente, a lo que hay que añadir los 4.000 euros por la antigüedad que no cobro. La suma que la haga cada uno».
No obstante, el gerente de la Universidad de Oviedo reconoce que no es éste el mejor momento para su reivindicación. De hecho, al margen de la legalidad de la operación, todas las voces, incluidas las de la Administración -«a la consejera no le va a gustar nada»-, califican de «imprudencia» o de «inoportunidad» la subida salarial de Eusebio González, la haya percibido o no. Se presume, de hecho, que en la reunión del Consejo Social de la Universidad de finales de mes se criticará fuertemente el nuevo contrato. Pero el órgano universitario no puede pasar de ahí. El único que es competente en la firma de contratos de alta dirección es el rector. Y estará en minoría, porque ni siquiera el gerente va a poder acudir a la sesión plenaria para defender con contundencia su salario.
EVA MONTES El Comercio
Solo hubo un voto en contra y seis abstenciones, pero la aprobación de los presupuestos de la Universidad de Oviedo el viernes de la pasada semana está lejos de ser tranquila. El fuerte recorte en centros y departamentos, que concitó la mayor parte del debate, hizo pasar inadvertida una incordiante pregunta sobre el sueldo del gerente y un manifiesto malestar por la imposibilidad de presentar enmiendas al documento presupuestario. Pero ambos puntos han explotado días después, fuera ya del marco de un Consejo de Gobierno fuertemente controlado por el rector.
Y lo han hecho con una airada reacción de la comunidad universitaria contra la subida salarial de Eusebio González y con la solicitud de nulidad de la aprobación los presupuestos con la amenaza de recurrirlos ante el tribunal de lo contencioso administrativo.
El detonante, sobre todo entre el Personal de Administración y Servicios (PAS) y el profesorado, fue la pregunta formulada por uno de los representantes del PAS sobre la partida presupuestaria del sueldo del gerente, que reflejaba un incremento de 8.400 euros, justamente la cantidad que va desde los 79.800 que figuraban en el ejercicio anterior a los 88.200 que recoge el documento de 2013. La respuesta, proporcionada por el vicerrector de Planificación Económica, justificó el aumento salarial, en un tiempo de drásticos recortes, en la incorporación del cobro de las pagas extraordinarias, «a las que había renunciado durante los cuatro primeros años de su nombramiento y que están sujetas también al recorte que se estipule para el resto de los funcionarios», señaló Santiago Álvarez.
Cuentan los que estuvieron en el Aula Clarín que la pregunta y la respuesta no sumaron más de 15 segundos, pero en cuanto el tema llegó a los ordenadores y a las oficinas, el asunto eclosionó en una catarata de indignaciones particulares, especialmente de aquellos funcionarios que, con sueldos de 1.500 euros, han visto reducido en 200 su salario al tiempo que descubrían la subida de sueldo del gerente, cuya figura está adscrita al mismo sector de Personal de Administración y Servicios.
En vigor desde abril de 2012
Pero el hecho va más allá, porque esas condiciones están vigentes desde el mes de abril de 2012, cuando Eusebio González renovó su contrato al hilo del nuevo mandato que iniciaba Vicente Gotor con una mayoría aplastante. «Durante los primeros cuatro años renuncié a las pagas extraordinarias y también a los 4.000 euros de antigüedad que cobraba mi antecesor, al tiempo que adelgazaba drásticamente el departamento de Gerencia, así que a la hora de renovar el contrato lo que le propuse al rector fue mantener el sueldo y seguir sin la antigüedad, pero incorporar las pagas extra que no había cobrado durante los cuatro años del primer mandato», explica el gerente, mientras lamenta su «mala suerte» porque en el primer año de vigencia del nuevo contrato «la paga de julio quedó minimizada por el corto periodo de tiempo entre abril y julio, y la de diciembre no la cobré, como todos los funcionarios».
Expone en su defensa Eusebio González que «cuando llegué al cargo, en 2008, la situación económica ya era delicada y en el contrato de alta dirección que firmé me puse el mismo salario que mi predecesor, 79.800 euros, pero renuncié a los 4.000 de antigüedad y a todo el equipo con el que contaba: dos vicegerentes, dos jefes de contabilidad y dos técnicos de alta cualificación. Yo prescindí de todos, me quedé solo y ni siquiera cubrí el puesto de vicegerente hasta hace año y medio. Es un ahorro de 135.000 euros anuales durante cinco años y 60.000 más durante tres, por el cargo de vicegerente, a lo que hay que añadir los 4.000 euros por la antigüedad que no cobro. La suma que la haga cada uno».
No obstante, el gerente de la Universidad de Oviedo reconoce que no es éste el mejor momento para su reivindicación. De hecho, al margen de la legalidad de la operación, todas las voces, incluidas las de la Administración -«a la consejera no le va a gustar nada»-, califican de «imprudencia» o de «inoportunidad» la subida salarial de Eusebio González, la haya percibido o no. Se presume, de hecho, que en la reunión del Consejo Social de la Universidad de finales de mes se criticará fuertemente el nuevo contrato. Pero el órgano universitario no puede pasar de ahí. El único que es competente en la firma de contratos de alta dirección es el rector. Y estará en minoría, porque ni siquiera el gerente va a poder acudir a la sesión plenaria para defender con contundencia su salario.
Diles quien eres y las autoridades te dirán lo que te permiten
Lne.es » Asturias
Manifestación «ilegal» de togas contra las tasas judiciales
Los letrados exigen por las calles de Oviedo la retirada de un decreto que «quebranta el principio de igualdad»
Oviedo, L. Á. VEGA
«Habrá que romper un escaparate para que nos hagan caso», bromeaba ayer un abogado mientras se dirigía, con un centenar de compañeros de profesión a la Delegación de Gobierno, desde la concentración que momentos antes había tenido lugar en el patio de los Juzgados. Los abogados volvieron a salir a la calle -parte de ellos con la toga puesta- para reclamar la retirada de las tasas judiciales del ministro Gallardón, y advirtieron de que su protesta irá «in crescendo» y no se detendrá, porque hay mucho en juego. En primer lugar, dicen, la tutela judicial efectiva, pero también la igualdad. Otros letrados se manifestaron y recogieron firmas en el resto de las sedes judiciales grandes de la región.
La manifestación fue de lo más civilizado, aunque los letrados invadieron en varias ocasiones la calzada, en la calle Alférez Provisional, en la avenida de Galicia, la calle Santa Susana y la plaza de España. «Esto resulta un poco aburrido, hay que salir de la acera», había dicho uno de los abogados. Una conductora, un poco molesta porque ocupasen unos minutos la calle Alférez Provional, les tocó un poco claxon. La marcha, en la que participaron un centenar de abogados, iba precedida de luna pancarta que rezaba: «No a las tasas, Justicia pata todos».
A la entrada de la plaza de España, varios agentes detuvieron un momento la marcha. «Lo que están haciendo es ilegal. Sólo tenían permiso para manifestarse en los Juzgados», indicó uno de los agentes. «Enviamos a Delegación el recorrido», repuso por su parte el secretario del Colegio, Ignacio Cuesta. «Sólo vamos a presentar por registro un escrito», remachó el decano, Enrique Valdés Joglar. «Bueno, bueno, si es para poco tiempo, pueden pasar», concedió el responsable policial.
Y efectivamente los letrados llegaron hasta la Delegación, entraron varios representantes del Colegio, presentaron el escrito y, tras una breve alocución del decano, megáfono en mano, se disolvieron.
Valdés Joglar insistió en la idea de que las nuevas tasas «crean una Justicia para ricos y otra para pobres». En la plaza de los Juzgados, el decano leyó un manifiesto en que se resaltó que «el deplorable estado de la Justicia no se soluciona con medidas improvisadas sin eficacia alguna», como la subida de tasas, que «vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, deja en la indefensión más absoluta a los justiciables y quebranta el principio de igualdad».
Valdés, quien llamó a la unidad de los abogados, añadió que los letrados están dispuestos a seguir adelante con todas las medidas posibles, «dentro de la legalidad». También apeló a los letrados que militan en el PP para que ejerzan la mayor presión posible, aunque reconoció que «está difícil» doblegar a Gallardón. Valdés indicó que los abogados apoyarán la protesta que el miércoles, día 12, harán jueces y fiscales. Ayer participó en la marcha algún procurador, pero los abogados echaron de menos a algún magistrado, fiscal o secretario.
El secretario del colegio, Ignacio Cuesta, indicó que llevarán a cabo tres tipo de medidas. «Por un lado, instar en cada escrito que presentemos en el Juzgado una cuestión de constitucionalidad, solicitar el aplazamiento del pago y presentar reclamaciones económicas», indicó. Además, se están reuniendo firmas y se abrirá una ventanilla de asesoramiento en el colegio.
Manifestación «ilegal» de togas contra las tasas judiciales
Los letrados exigen por las calles de Oviedo la retirada de un decreto que «quebranta el principio de igualdad»
Oviedo, L. Á. VEGA
«Habrá que romper un escaparate para que nos hagan caso», bromeaba ayer un abogado mientras se dirigía, con un centenar de compañeros de profesión a la Delegación de Gobierno, desde la concentración que momentos antes había tenido lugar en el patio de los Juzgados. Los abogados volvieron a salir a la calle -parte de ellos con la toga puesta- para reclamar la retirada de las tasas judiciales del ministro Gallardón, y advirtieron de que su protesta irá «in crescendo» y no se detendrá, porque hay mucho en juego. En primer lugar, dicen, la tutela judicial efectiva, pero también la igualdad. Otros letrados se manifestaron y recogieron firmas en el resto de las sedes judiciales grandes de la región.
La manifestación fue de lo más civilizado, aunque los letrados invadieron en varias ocasiones la calzada, en la calle Alférez Provisional, en la avenida de Galicia, la calle Santa Susana y la plaza de España. «Esto resulta un poco aburrido, hay que salir de la acera», había dicho uno de los abogados. Una conductora, un poco molesta porque ocupasen unos minutos la calle Alférez Provional, les tocó un poco claxon. La marcha, en la que participaron un centenar de abogados, iba precedida de luna pancarta que rezaba: «No a las tasas, Justicia pata todos».
A la entrada de la plaza de España, varios agentes detuvieron un momento la marcha. «Lo que están haciendo es ilegal. Sólo tenían permiso para manifestarse en los Juzgados», indicó uno de los agentes. «Enviamos a Delegación el recorrido», repuso por su parte el secretario del Colegio, Ignacio Cuesta. «Sólo vamos a presentar por registro un escrito», remachó el decano, Enrique Valdés Joglar. «Bueno, bueno, si es para poco tiempo, pueden pasar», concedió el responsable policial.
Y efectivamente los letrados llegaron hasta la Delegación, entraron varios representantes del Colegio, presentaron el escrito y, tras una breve alocución del decano, megáfono en mano, se disolvieron.
Valdés Joglar insistió en la idea de que las nuevas tasas «crean una Justicia para ricos y otra para pobres». En la plaza de los Juzgados, el decano leyó un manifiesto en que se resaltó que «el deplorable estado de la Justicia no se soluciona con medidas improvisadas sin eficacia alguna», como la subida de tasas, que «vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, deja en la indefensión más absoluta a los justiciables y quebranta el principio de igualdad».
Valdés, quien llamó a la unidad de los abogados, añadió que los letrados están dispuestos a seguir adelante con todas las medidas posibles, «dentro de la legalidad». También apeló a los letrados que militan en el PP para que ejerzan la mayor presión posible, aunque reconoció que «está difícil» doblegar a Gallardón. Valdés indicó que los abogados apoyarán la protesta que el miércoles, día 12, harán jueces y fiscales. Ayer participó en la marcha algún procurador, pero los abogados echaron de menos a algún magistrado, fiscal o secretario.
El secretario del colegio, Ignacio Cuesta, indicó que llevarán a cabo tres tipo de medidas. «Por un lado, instar en cada escrito que presentemos en el Juzgado una cuestión de constitucionalidad, solicitar el aplazamiento del pago y presentar reclamaciones económicas», indicó. Además, se están reuniendo firmas y se abrirá una ventanilla de asesoramiento en el colegio.
Los jueces no confian en la forma de gestionar la justicia
«Si la gente supiera cómo funcionan en Justicia los nombramientos nos quemaban vivos»
04.11.12 -
IDOYA REY | OVIEDO.
«Que se atrevan a proponer a Álvaro Cuesta para vocal en una sala cuya misión principal es juzgar a los políticos es bochornoso»
Eduardo Serrano Magistrado jubilado del Sala de lo Social del TSJA
«Me hubiese gustado llegar al Supremo, como no pertenezco a ninguna asociación no lo logré»
«No sé que pinta un presidente de un tribunal en la inauguración de una feria del libro»
Tras 48 años de una intensa actividad laboral como catedrático de Derecho Civil y magistrado en el TSJA acaban de jubilarle, aunque Eduardo Serrano (Oviedo, 1942) recibe su nueva condición «sin júbilo alguno». A sus 70 años recién cumplidos, tras una azarosa trayectoria en la que perdió el cargo de catedrático por una incompatibilidad con su labor en los tribunales y sin cumplir sus deseos de llegar al Tribunal Supremo, Serrano no ha dejado que pase un día y se ha buscado nueva ocupación: a partir de ahora será abogado pasante en el despacho de su hija. En su nueva oficina y con una autoentrevista editada por si fuera de ayuda repasa y analiza sin censuras su experiencia en la Justicia.
-Lo de estudiar Derecho le vendría de familia.
-Mi abuelo era catedrático de Derecho Civil y un tío de Procesal. Lo viví en casa, aunque a mi abuelo no lo llegué a conocer porque murió de un infarto a los 54 años. Pero le tengo como referencia.
-¿Por qué optó por la docencia en un primer momento?
-Fui profesor ayudante al principio. Tenía novia desde hacía cinco años y quería casarse y con 1.200 pesetas que ganábamos pues no había forma. Entonces me puse a preparar las oposiciones de judicatura que las saqué en once meses, en el 1968. A los tres meses me casé.
-Pero no dejó la Universidad
-Tuve la suerte de venir destinado a Oviedo y lo compatibilicé con la docencia. Salí catedrático, pero a los cuatro años me aplicaron la ley de incompatibilidades. El rector Marcos Vallaure me mandó a la calle sin preguntármelo. En fin dejemos eso que es muy triste. Como estaba mejor retribuida la carrera judicial opté por ella, lo curioso es que luego me permitieron hacer lo mismo como profesor asociado.
-Después de tantos años no quiere hablar de ello...
-Me lo tomé muy mal. Me degradaron porque no se podía cobrar dos sueldos públicos. Eran dos sueldos con los que no te hacías rico y más con lo que ves por ahí. Yo saqué dos oposiciones y una me la quitaron manu militari. Cuando llegué a catedrático me preocupé por dirigir tesis doctorales de un grupo que ha llegado a profesores titulares. Lo que no habían hecho por mí. Una parte de ellos no tuvieron problema alguno para traicionar la confianza que en ellos tenía y en comandita con un equipo rectoral vetarme para seguir como profesor asociado.
-Tampoco le apoyó la gente en su carrera judicial....
-A mi me hubiese gustado acabar la carrera en el Supremo, pero como no pertenezco a ninguna asociación de esas que lo mangonean, ni a ningún partido político no lo logré. Conseguí anular un nombramiento del Consejo General del Poder Judicial, pero me tomaron el pelo porque luego volvieron a nombrar a esa persona a la que conseguí anular su nombramiento.
-¿Por qué recurrió el nombramiento?
-Porque la ley exige que valoren a todos los que lo solicitan y yo nunca conseguí que me valorasen. Me cansé. Hicieron el paripé y entonces pensé 'que se vayan a la porra'. Te enfadas mucho.
-¿Optó a presidir el Tribunal Superior de Justicia de Asturias?
-También, pero me mandaron a la porra y nombraron a gente que había sido alumna mía en la facultad y que están mil números detrás mío en el escalafón. Me dijeron que no cumplía el perfil. Así es la vida. A la gente le gusta mucho figurar. Igual por eso no doy el perfil porque no veo que pinta un presidente del TSJA o un fiscal jefe en la inauguración en la feria del libro en el paseo de los Álamos. Tienen una afición desmedida por aparecer y que les den medallas. Pero el raro soy yo y no los otros.
-¿A qué achaca ese rechazo?
-Yo no soy de ninguna asociación, Un vocal del CGPJ que fue alumno mío, me dijo cuando opté al Supremo que era imposible porque no pertenecía a ninguna asociación y que ellos votaban como un partido político. A los suyos. Si la gente supiera lo que hay dentro y como funciona esto nos quemaban vivos.
-¿Se arrepiente?
-No me arrepiento de nada porque si el precio para haber llegado a los puestos a los que aspiré era perder la dignidad no me compensa en absoluto. Me enseñaron que la dignidad no tiene precio.
-¿Qué opina de la triada propuesta para la plaza de vocal del TSJA tras la muerte de Buján?
-Álvaro Cuesta fue también alumno mío. Estoy sorprendido. Es muy buena persona, pero si una de las exigencias para ser juez es ser independiente, me causa sorpresa que se proponga a un señor que pertenece al PSOE, lo mismo que si fuera del PP o de cualquier otro, me traen todos sin cuidado. Me parece bochornoso. Lo digo claramente. No es el hecho de a quién propongan es que se atrevan a proponerlo. Los jueces deben ser independientes, sobre todo un magistrado que va a ir a una sala cuya misión principal es juzgar a los aforados ¿Los va a juzgar un señor que proviene de ahí y además fue alto representante de un partido?. Creí que ya no me iba a alucinar de nada, pero veo que es ilimitado.
-¿Qué réditos sacan los políticos con esos nombramientos?
-Eso quisiera saber yo. Por ejemplo si algún día ocurre algo como lo de Camps en Valencia o se deciden a tomar responsabilidades contra los que nos embarcaron económicamente, véase el HUCA, la Universidad Laboral, el Niemeyer..., tendrían que pedir responsabilidad al político de turno, cuya lista encabeza el que ahora es senador. Y tendría que ser la sala donde quieren colocar a Cuesta.
-Con estas cosas y casos como el de Carlos Dívar la imagen de la Justicia está deteriorada...
-La imagen está perdida. Por ejemplo Gallardón no está dando una a derechas. Hace cosas demagógicas. ¿El problema de la justicia se soluciona con menos días de vacaciones? Carlos Dívar era de mi promoción, no me casa con la idea que tengo de él. Si es verdad, es otra persona distinta a la que yo conocí. El único CGPJ que hubo bueno, fue el primero. Pero ahora ya no tiene arreglo. Los que tienen mayoría en el consejo, que son los de un bando o los de otro, eligen a los suyos.
-¿Está en peligro la justicia gratuita? ¿Cómo podría mejorarse el servicio?
- Está en peligro. Lo que yo veo en la Justicia es que el Gobierno legisla por casos concretos. Ocurre por ejemplo el caso de Marta del Castillo y ya comienza el debate de cambiar la ley. El Gobierno actúa demagógicamente. El buen legislador es el que se anticipa a los problemas sociales, no el que va a remolque de lo que pasa en la sociedad.
-¿Y en tema de infraestructuras necesita Oviedo un cambio?
- No me toque ese tema, porque yo me opuse a semejante desaguisado cuando se hizo el Palacio de Justicia. Dije que no servía. El resultado fue que, quien era presidente de TSJA, Eduardo Gota inauguró el palacio y ¿para que sirve? Fue un despropósito. Se hizo mal, quien no debía de hacerlo y con la premura de la gente que quiere salir en prensa.
04.11.12 -
IDOYA REY | OVIEDO.
«Que se atrevan a proponer a Álvaro Cuesta para vocal en una sala cuya misión principal es juzgar a los políticos es bochornoso»
Eduardo Serrano Magistrado jubilado del Sala de lo Social del TSJA
«Me hubiese gustado llegar al Supremo, como no pertenezco a ninguna asociación no lo logré»
«No sé que pinta un presidente de un tribunal en la inauguración de una feria del libro»
Tras 48 años de una intensa actividad laboral como catedrático de Derecho Civil y magistrado en el TSJA acaban de jubilarle, aunque Eduardo Serrano (Oviedo, 1942) recibe su nueva condición «sin júbilo alguno». A sus 70 años recién cumplidos, tras una azarosa trayectoria en la que perdió el cargo de catedrático por una incompatibilidad con su labor en los tribunales y sin cumplir sus deseos de llegar al Tribunal Supremo, Serrano no ha dejado que pase un día y se ha buscado nueva ocupación: a partir de ahora será abogado pasante en el despacho de su hija. En su nueva oficina y con una autoentrevista editada por si fuera de ayuda repasa y analiza sin censuras su experiencia en la Justicia.
-Lo de estudiar Derecho le vendría de familia.
-Mi abuelo era catedrático de Derecho Civil y un tío de Procesal. Lo viví en casa, aunque a mi abuelo no lo llegué a conocer porque murió de un infarto a los 54 años. Pero le tengo como referencia.
-¿Por qué optó por la docencia en un primer momento?
-Fui profesor ayudante al principio. Tenía novia desde hacía cinco años y quería casarse y con 1.200 pesetas que ganábamos pues no había forma. Entonces me puse a preparar las oposiciones de judicatura que las saqué en once meses, en el 1968. A los tres meses me casé.
-Pero no dejó la Universidad
-Tuve la suerte de venir destinado a Oviedo y lo compatibilicé con la docencia. Salí catedrático, pero a los cuatro años me aplicaron la ley de incompatibilidades. El rector Marcos Vallaure me mandó a la calle sin preguntármelo. En fin dejemos eso que es muy triste. Como estaba mejor retribuida la carrera judicial opté por ella, lo curioso es que luego me permitieron hacer lo mismo como profesor asociado.
-Después de tantos años no quiere hablar de ello...
-Me lo tomé muy mal. Me degradaron porque no se podía cobrar dos sueldos públicos. Eran dos sueldos con los que no te hacías rico y más con lo que ves por ahí. Yo saqué dos oposiciones y una me la quitaron manu militari. Cuando llegué a catedrático me preocupé por dirigir tesis doctorales de un grupo que ha llegado a profesores titulares. Lo que no habían hecho por mí. Una parte de ellos no tuvieron problema alguno para traicionar la confianza que en ellos tenía y en comandita con un equipo rectoral vetarme para seguir como profesor asociado.
-Tampoco le apoyó la gente en su carrera judicial....
-A mi me hubiese gustado acabar la carrera en el Supremo, pero como no pertenezco a ninguna asociación de esas que lo mangonean, ni a ningún partido político no lo logré. Conseguí anular un nombramiento del Consejo General del Poder Judicial, pero me tomaron el pelo porque luego volvieron a nombrar a esa persona a la que conseguí anular su nombramiento.
-¿Por qué recurrió el nombramiento?
-Porque la ley exige que valoren a todos los que lo solicitan y yo nunca conseguí que me valorasen. Me cansé. Hicieron el paripé y entonces pensé 'que se vayan a la porra'. Te enfadas mucho.
-¿Optó a presidir el Tribunal Superior de Justicia de Asturias?
-También, pero me mandaron a la porra y nombraron a gente que había sido alumna mía en la facultad y que están mil números detrás mío en el escalafón. Me dijeron que no cumplía el perfil. Así es la vida. A la gente le gusta mucho figurar. Igual por eso no doy el perfil porque no veo que pinta un presidente del TSJA o un fiscal jefe en la inauguración en la feria del libro en el paseo de los Álamos. Tienen una afición desmedida por aparecer y que les den medallas. Pero el raro soy yo y no los otros.
-¿A qué achaca ese rechazo?
-Yo no soy de ninguna asociación, Un vocal del CGPJ que fue alumno mío, me dijo cuando opté al Supremo que era imposible porque no pertenecía a ninguna asociación y que ellos votaban como un partido político. A los suyos. Si la gente supiera lo que hay dentro y como funciona esto nos quemaban vivos.
-¿Se arrepiente?
-No me arrepiento de nada porque si el precio para haber llegado a los puestos a los que aspiré era perder la dignidad no me compensa en absoluto. Me enseñaron que la dignidad no tiene precio.
-¿Qué opina de la triada propuesta para la plaza de vocal del TSJA tras la muerte de Buján?
-Álvaro Cuesta fue también alumno mío. Estoy sorprendido. Es muy buena persona, pero si una de las exigencias para ser juez es ser independiente, me causa sorpresa que se proponga a un señor que pertenece al PSOE, lo mismo que si fuera del PP o de cualquier otro, me traen todos sin cuidado. Me parece bochornoso. Lo digo claramente. No es el hecho de a quién propongan es que se atrevan a proponerlo. Los jueces deben ser independientes, sobre todo un magistrado que va a ir a una sala cuya misión principal es juzgar a los aforados ¿Los va a juzgar un señor que proviene de ahí y además fue alto representante de un partido?. Creí que ya no me iba a alucinar de nada, pero veo que es ilimitado.
-¿Qué réditos sacan los políticos con esos nombramientos?
-Eso quisiera saber yo. Por ejemplo si algún día ocurre algo como lo de Camps en Valencia o se deciden a tomar responsabilidades contra los que nos embarcaron económicamente, véase el HUCA, la Universidad Laboral, el Niemeyer..., tendrían que pedir responsabilidad al político de turno, cuya lista encabeza el que ahora es senador. Y tendría que ser la sala donde quieren colocar a Cuesta.
-Con estas cosas y casos como el de Carlos Dívar la imagen de la Justicia está deteriorada...
-La imagen está perdida. Por ejemplo Gallardón no está dando una a derechas. Hace cosas demagógicas. ¿El problema de la justicia se soluciona con menos días de vacaciones? Carlos Dívar era de mi promoción, no me casa con la idea que tengo de él. Si es verdad, es otra persona distinta a la que yo conocí. El único CGPJ que hubo bueno, fue el primero. Pero ahora ya no tiene arreglo. Los que tienen mayoría en el consejo, que son los de un bando o los de otro, eligen a los suyos.
-¿Está en peligro la justicia gratuita? ¿Cómo podría mejorarse el servicio?
- Está en peligro. Lo que yo veo en la Justicia es que el Gobierno legisla por casos concretos. Ocurre por ejemplo el caso de Marta del Castillo y ya comienza el debate de cambiar la ley. El Gobierno actúa demagógicamente. El buen legislador es el que se anticipa a los problemas sociales, no el que va a remolque de lo que pasa en la sociedad.
-¿Y en tema de infraestructuras necesita Oviedo un cambio?
- No me toque ese tema, porque yo me opuse a semejante desaguisado cuando se hizo el Palacio de Justicia. Dije que no servía. El resultado fue que, quien era presidente de TSJA, Eduardo Gota inauguró el palacio y ¿para que sirve? Fue un despropósito. Se hizo mal, quien no debía de hacerlo y con la premura de la gente que quiere salir en prensa.
De Lorenzo solicita el indulto a la cartera Oviedo
Lne.es » Sucesos
De Lorenzo solicita el indulto de la cartera de Oviedo por «razones humanitarias»
La Audiencia admite la suspensión de la ejecución de la condena de la funcionaria, que se enfrenta a tres años de cárcel por falsificar un recibí
Oviedo,
Félix VALLINA
El delegado del Gobierno en Asturias, Gabino de Lorenzo, se ha sumado a las voces que solicitan el indulto para la funcionaria de Correos de Oviedo que fue condenada a tres años de cárcel y dos de inhabilitación por falsificar el recibí de una carta del Ministerio de Justicia dirigida a un vecino afectado por un proceso de desahucio en el año 2003. De Lorenzo, a través de una misiva fechada ayer, le ha solicitado al Ministerio de Justicia que se le conceda el perdón a la mujer, condenada por la Audiencia Provincial de Oviedo en 2011. La condena fue ratificada por el Tribunal Supremo el pasado mes de febrero.
«En Asturias se ha creado un cierto movimiento social y sindical en torno a este asunto. La pena, en mi modesta opinión y aun sabiendo que está plenamente ajustada a derecho, parece durísima si atendemos al daño causado», explica De Lorenzo en la carta. El delegado del Gobierno en Asturias ruega, además, «que se tengan en cuenta las razones humanitarias que concurren». Para Gabino de Lorenzo es necesario valorar que «han pasado nueve años desde que no se entregó la carta certificada y se falsificó el recibí, nueve años en los que la acusada ha trabajado en Correos sin que haya tenido ni una sola falta». Además, recuerda que la mujer está viuda y tiene a su cargo a un niño de 14 años. El delegado del Gobierno hizo pública su petición tras mantener una reunión con los responsables sindicales del sector postal en Asturias -integrados en las centrales CSIF, UGT, CC OO, SL y CGT- que llevan tiempo promoviendo el indulto y movilizándose para apoyar a su compañera de trabajo.
Por otro lado, la Audiencia Provincial ha admitido una suspensión de la ejecución de la condena impuesta a la funcionaria de Correos mientras se tramite la petición de indulto. En un auto fechado el pasado martes, día 3 de abril, la sección segunda de la Audiencia accede a que se suspenda el ingreso en prisión y también a que se suspenda la inhabilitación de dos años para ejercer un empleo público en el servicio de Correos. La fiscalía también se mostró a favor de la suspensión de la ejecución de condena el pasado 23 de marzo.
De Lorenzo solicita el indulto de la cartera de Oviedo por «razones humanitarias»
La Audiencia admite la suspensión de la ejecución de la condena de la funcionaria, que se enfrenta a tres años de cárcel por falsificar un recibí
Oviedo,
Félix VALLINA
El delegado del Gobierno en Asturias, Gabino de Lorenzo, se ha sumado a las voces que solicitan el indulto para la funcionaria de Correos de Oviedo que fue condenada a tres años de cárcel y dos de inhabilitación por falsificar el recibí de una carta del Ministerio de Justicia dirigida a un vecino afectado por un proceso de desahucio en el año 2003. De Lorenzo, a través de una misiva fechada ayer, le ha solicitado al Ministerio de Justicia que se le conceda el perdón a la mujer, condenada por la Audiencia Provincial de Oviedo en 2011. La condena fue ratificada por el Tribunal Supremo el pasado mes de febrero.
«En Asturias se ha creado un cierto movimiento social y sindical en torno a este asunto. La pena, en mi modesta opinión y aun sabiendo que está plenamente ajustada a derecho, parece durísima si atendemos al daño causado», explica De Lorenzo en la carta. El delegado del Gobierno en Asturias ruega, además, «que se tengan en cuenta las razones humanitarias que concurren». Para Gabino de Lorenzo es necesario valorar que «han pasado nueve años desde que no se entregó la carta certificada y se falsificó el recibí, nueve años en los que la acusada ha trabajado en Correos sin que haya tenido ni una sola falta». Además, recuerda que la mujer está viuda y tiene a su cargo a un niño de 14 años. El delegado del Gobierno hizo pública su petición tras mantener una reunión con los responsables sindicales del sector postal en Asturias -integrados en las centrales CSIF, UGT, CC OO, SL y CGT- que llevan tiempo promoviendo el indulto y movilizándose para apoyar a su compañera de trabajo.
Por otro lado, la Audiencia Provincial ha admitido una suspensión de la ejecución de la condena impuesta a la funcionaria de Correos mientras se tramite la petición de indulto. En un auto fechado el pasado martes, día 3 de abril, la sección segunda de la Audiencia accede a que se suspenda el ingreso en prisión y también a que se suspenda la inhabilitación de dos años para ejercer un empleo público en el servicio de Correos. La fiscalía también se mostró a favor de la suspensión de la ejecución de condena el pasado 23 de marzo.
Un año de carcel para el gijonés ...
Lne.es » Sucesos
Un año de cárcel para el gijonés que se mofó en Tuenti de los guardias asesinados en Palma
El juez le considera autor de los delitos de enaltecimiento del terrorismo y humillación de las víctimas l Uno de los agentes estaba vinculado a Llanes
Madrid, E. P.
La Audiencia Nacional ha condenado a un año de cárcel a un joven asturiano que escribió varios comentarios en la red social Tuenti en los que expresaba su alegría por el asesinato de los guardias civiles Carlos Sáez de Tejada (vinculado a Llanes) y Diego Salvá Lezaún, que se produjo el 30 de julio de 2009 en Palma de Mallorca.
La sentencia, que ha sido dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Penal, considera a Alberto Ortega Rivas autor de un delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas al entender que, a pesar de que esta red precisa de invitaciones entre los usuarios, en ellas se produce la «difusión» que requiere este tipo penal. El acusado, que utilizaba el sobrenombre de Alberto Asturias Dixebra, compartió con el usuario Gora Euskal Herria, que no pudo ser identificado, un mensaje privado y otros cuatro públicos en los que mostraba su satisfacción por el atentado terrorista. «Esos las buscan y los "picolos" vuelan, jajaja», decía en una comunicación realizada el día del atentado. «¿A la cárcel? Mejor volar como los picolos de Mallorca», añadía después. Todos los comentarios fueron publicados entre el 30 de julio y el 20 de agosto de 2009. En una fotografía en la que aparecían varios ertzainas apagando un incendio escribió: «Una pena que no ardiesen ellos». Sobre otros agentes de la Policía autónoma vasca añadía: «A ver si acaben como los picolos de Mallorca».
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Un año de cárcel para el gijonés que se mofó en Tuenti de los guardias asesinados en Palma
El juez le considera autor de los delitos de enaltecimiento del terrorismo y humillación de las víctimas l Uno de los agentes estaba vinculado a Llanes
Madrid, E. P.
La Audiencia Nacional ha condenado a un año de cárcel a un joven asturiano que escribió varios comentarios en la red social Tuenti en los que expresaba su alegría por el asesinato de los guardias civiles Carlos Sáez de Tejada (vinculado a Llanes) y Diego Salvá Lezaún, que se produjo el 30 de julio de 2009 en Palma de Mallorca.
La sentencia, que ha sido dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Penal, considera a Alberto Ortega Rivas autor de un delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas al entender que, a pesar de que esta red precisa de invitaciones entre los usuarios, en ellas se produce la «difusión» que requiere este tipo penal. El acusado, que utilizaba el sobrenombre de Alberto Asturias Dixebra, compartió con el usuario Gora Euskal Herria, que no pudo ser identificado, un mensaje privado y otros cuatro públicos en los que mostraba su satisfacción por el atentado terrorista. «Esos las buscan y los "picolos" vuelan, jajaja», decía en una comunicación realizada el día del atentado. «¿A la cárcel? Mejor volar como los picolos de Mallorca», añadía después. Todos los comentarios fueron publicados entre el 30 de julio y el 20 de agosto de 2009. En una fotografía en la que aparecían varios ertzainas apagando un incendio escribió: «Una pena que no ardiesen ellos». Sobre otros agentes de la Policía autónoma vasca añadía: «A ver si acaben como los picolos de Mallorca».
Una diputada de FORO pone en duda la inteligencia...
Una diputada de Foro pone en duda la inteligencia de los asturianos en Twitter
"En Asturias tenemos la tasa de inteligencia más baja" aseguraba la integrante del partido de Álvarez-Cascos
OVIEDO / JC Martínez
"En Asturias no solo tenemos la tasa de natalidad más baja, sino también la de inteligencia" aseguraba en el día de ayer la diputada en la Junta General del Principado Carmen Fernández en la red social Twitter. El enfado de la integrante de Foro Asturias llegaba a las redes sociales tan sólo unas horas después de que las elecciones generales otorgasen la victoria en el Principado al PP otorgando al partido de Álvarez-Cascos un diputado por Asturias, empeorando las expectativas del partido.
El PP critica la «desidia» del Principado por «tardar ocho años» en elaborar el nuevo plan de drogas
Oviedo, Pablo ÁLVAREZ
El Partido Popular atribuyó ayer a la «desidia» del Gobierno socialista el hecho de que Asturias haya estado ocho años (de 2003 a 2011) sin un plan de drogas, pese a que desde entonces se han registrado «cambios significativos» en los patrones de consumo y han surgido nuevas sustancias.
Asimismo, el diputado popular Carlos Galcerán reprochó al consejero de Salud, Ramón Quirós, la ausencia de consultas a la Facultad de Medicina, el Vicerrectorado de Estudiantes y el Colegio de Médicos a la hora de elaborar el borrador del plan de drogas, cuya vigencia inicialmente prevista abarcaba el período 2010-2016. «Usted se comprometió a presentar el plan a la finalización del segundo período de sesiones de 2009, y ya estamos en 2011», enfatizó Galcerán.
Quirós compareció ante la Comisión de Salud de la Junta General del Principado con el fin de exponer la política de su departamento en materia de drogas. El Consejero subrayó que ha disminuido en la región el consumo de algunos tipos de drogas (caso de la marihuana y la cocaína), si bien las estadísticas actuales «siguen demandando una actuación contundente» tanto por parte de los servicios sanitarios como del conjunto de la sociedad.
En relación al borrador del nuevo plan de drogas para Asturias -en fase de tramitación parlamentaria-, Ramón Quirós señaló que la Administración regional trabajará en coordinación con el plan nacional de la misma materia para reducir los consumos, potenciar la prevención, subrayar la perspectiva de género, hacer hincapié en la evidencia científica y reforzar la intervención en el ámbito laboral, entre otros aspectos. Unos objetivos que «espero que merezcan el apoyo de este Parlamento», indicó el Consejero. Según Quirós, el borrador ha sido «bastante debatido», con un total de catorce colectivos de diversos ámbitos.
En respuesta al PP sobre la ausencia de un plan de drogas entre 2003 y el momento actual, el Consejero argumentó que el programa 2001-2003 «anticipó tendencias y situaciones más tarde confirmadas por la realidad». «Fue pionero», apostilló Quirós, para quien las líneas generales de dicho plan «aún hoy son plenamente vigentes».
Galcerán reiteró la demanda de su partido relativa a un aumento de la edad legal mínima para poder comprar alcohol, ya que Asturias es la única comunidad autónoma que la tiene fijada en 16 años, frente a los 18 establecidos en las restantes regiones. Diana Camafeita, de Izquierda Unida, se mostró contraria a esta propuesta, y apostó por «acompañar» a los jóvenes en los procesos de búsqueda y toma de decisiones, así como en los eventuales errores que cometan.
De otra parte, el consejero de Salud tildó de «disparate falto de todo rigor científico» la valoración del catedrático de Psiquiatría de la Universidad de Oviedo Julio Bobes, quien alertó de un «espectacular incremento» del consumo abusivo de drogas por parte de los menores de edad de la región en los últimos años. «En todas las encuestas realizadas nunca se ha sobrepasado el 1 por ciento de consumo de heroína o de policonsumo entre los menores», replicó Ramón Quirós.
"En Asturias tenemos la tasa de inteligencia más baja" aseguraba la integrante del partido de Álvarez-Cascos
OVIEDO / JC Martínez
"En Asturias no solo tenemos la tasa de natalidad más baja, sino también la de inteligencia" aseguraba en el día de ayer la diputada en la Junta General del Principado Carmen Fernández en la red social Twitter. El enfado de la integrante de Foro Asturias llegaba a las redes sociales tan sólo unas horas después de que las elecciones generales otorgasen la victoria en el Principado al PP otorgando al partido de Álvarez-Cascos un diputado por Asturias, empeorando las expectativas del partido.
El PP critica la «desidia» del Principado por «tardar ocho años» en elaborar el nuevo plan de drogas
Oviedo, Pablo ÁLVAREZ
El Partido Popular atribuyó ayer a la «desidia» del Gobierno socialista el hecho de que Asturias haya estado ocho años (de 2003 a 2011) sin un plan de drogas, pese a que desde entonces se han registrado «cambios significativos» en los patrones de consumo y han surgido nuevas sustancias.
Asimismo, el diputado popular Carlos Galcerán reprochó al consejero de Salud, Ramón Quirós, la ausencia de consultas a la Facultad de Medicina, el Vicerrectorado de Estudiantes y el Colegio de Médicos a la hora de elaborar el borrador del plan de drogas, cuya vigencia inicialmente prevista abarcaba el período 2010-2016. «Usted se comprometió a presentar el plan a la finalización del segundo período de sesiones de 2009, y ya estamos en 2011», enfatizó Galcerán.
Quirós compareció ante la Comisión de Salud de la Junta General del Principado con el fin de exponer la política de su departamento en materia de drogas. El Consejero subrayó que ha disminuido en la región el consumo de algunos tipos de drogas (caso de la marihuana y la cocaína), si bien las estadísticas actuales «siguen demandando una actuación contundente» tanto por parte de los servicios sanitarios como del conjunto de la sociedad.
En relación al borrador del nuevo plan de drogas para Asturias -en fase de tramitación parlamentaria-, Ramón Quirós señaló que la Administración regional trabajará en coordinación con el plan nacional de la misma materia para reducir los consumos, potenciar la prevención, subrayar la perspectiva de género, hacer hincapié en la evidencia científica y reforzar la intervención en el ámbito laboral, entre otros aspectos. Unos objetivos que «espero que merezcan el apoyo de este Parlamento», indicó el Consejero. Según Quirós, el borrador ha sido «bastante debatido», con un total de catorce colectivos de diversos ámbitos.
En respuesta al PP sobre la ausencia de un plan de drogas entre 2003 y el momento actual, el Consejero argumentó que el programa 2001-2003 «anticipó tendencias y situaciones más tarde confirmadas por la realidad». «Fue pionero», apostilló Quirós, para quien las líneas generales de dicho plan «aún hoy son plenamente vigentes».
Galcerán reiteró la demanda de su partido relativa a un aumento de la edad legal mínima para poder comprar alcohol, ya que Asturias es la única comunidad autónoma que la tiene fijada en 16 años, frente a los 18 establecidos en las restantes regiones. Diana Camafeita, de Izquierda Unida, se mostró contraria a esta propuesta, y apostó por «acompañar» a los jóvenes en los procesos de búsqueda y toma de decisiones, así como en los eventuales errores que cometan.
De otra parte, el consejero de Salud tildó de «disparate falto de todo rigor científico» la valoración del catedrático de Psiquiatría de la Universidad de Oviedo Julio Bobes, quien alertó de un «espectacular incremento» del consumo abusivo de drogas por parte de los menores de edad de la región en los últimos años. «En todas las encuestas realizadas nunca se ha sobrepasado el 1 por ciento de consumo de heroína o de policonsumo entre los menores», replicó Ramón Quirós.
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